Luego de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en marzo pasado, la ley contra las grasas trans entró en vigor en México.

La norma agrega a la Ley General de Salud el artículo 216 Bis que dicta que “los aceites y grasas comestibles, así como los alimentos y bebidas no alcohólicas, no podrán contener en su presentación para venta al público aceites parcialmente hidrogenados, conocidos como grasas trans, que hayan sido añadidos durante su proceso de elaboración industrial”.

De esta manera, los productos que utilizan estos aceites parcialmente hidrogenados para prolongar el margen de caducidad de los productos y optimizar la resistencia del sabor a altas temperaturas“no podrán exceder dos partes de ácidos grasos trans de producción industrial por cada cien partes del total de ácidos grasos”.

El uso de grasas transgénicas es común en la industria panadera y galletera, de repostería y confitería así como en el sector de botanas y frituras.

En términos de salud, la puesta en marcha de la nueva ley es un logro destacado. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) cada año, las grasas trans provocan la muerte prematura de 500,000 personas a nivel mundial. En el caso del mercado mexicano la cifra es de 13,153 decesos anuales.

Los impactos de la ley contra grasas trans

La ley que ahora cobra vigencia incluye entre líneas algunos aspectos económicos a considerar. La industria tiene procesos estandarizados. Existen alternativas biotecnológicas a la hidrogenación parcial, pero emplearlas supone una conversación con costos altos.

Según el III Informe del Observatorio La Rábida de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático “los sistemas alimentarios iberoamericanos dejaron de ser tradicionales —con cadenas cortas de producción y consumo— para pasar a ser modernos, con una mayor cantidad de alimentos procesados, que viajan una media de 3,000 kilómetros y que son almacenados, refrigerados y vendidos en grandes comercios”.

Eliminar las grasas trans de los procesos de producción, transportación y comercialización supone costos que terminarán por trasladarse al costo final de los productos que las contienen, mismos que en medio de una situación inflacionaria resultan especialmente atractivos. Su caducidad extendida les permite resistir a las variaciones de precio.

Un estudio del Overseas Research Institute determinó que el precio de los alimentos saludables se ha incrementado más que el de los alimentos procesados durante las últimas tres décadas.

Aunque la situación económica de México ha convertido a los productos altos en grasas trans en elementos vitales en la dieta de las personas, la industria deberá en primera instancia ajustar sus estrategia de comunicación y marketing para justificar un esperado aumento en sus precios.