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Podrán demandar a Disney por prácticas monopólicas

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Reuters. – Un juez federal de Estados Unidos dictaminó que The Walt Disney Co. deberá enfrentar demandas de consumidores que acusan al gigante de los medios de prácticas comerciales que han perjudicado la competencia en el mercado de la televisión pagada transmitida en vivo, y provocado un aumento de los precios.

El juez de distrito de San José, Edward Dávila, dijo en un par de sentencias vinculadas de 25 páginas que los suscriptores de YouTube TV, de Google, y DirecTV Stream, de AT&T, podían demandar a Disney por contratos “onerosos” que supuestamente creaban obstáculos injustos para los rivales potenciales.

Sin embargo, Dávila dijo que los consumidores demandantes no podían reclamar daños y perjuicios, y dictaminó que no habían demostrado la existencia de un acuerdo ilegal entre competidores de televisión en streaming. El juez dio de plazo hasta el 16 de octubre para presentar una nueva demanda.

Los abogados de Disney y un portavoz de la empresa no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios formuladas el lunes.

Los abogados de los consumidores tampoco respondieron a una petición similar.

Disney y su poder absoluto para aumentar precios

Las dos posibles demandas colectivas acusan a Disney de ejercer un “poder absoluto” para aumentar el precio de los servicios de streaming de sus competidores al exigirles que incluyan la cadena deportiva ESPN en los paquetes de canales de menor precio. Disney es propietaria de ESPN.

Los demandantes también alegan que la infraestructura de TV en streaming y los acuerdos de contenidos de Disney han creado barreras para los nuevos competidores. Según las demandas, no ha existido ninguna aparición “a escala” de un rival “que no dispusiera ya de alguna infraestructura de streaming de video preexistente”.

Los abogados de Disney en Farella Braun + Martel y Cravath, Swaine & Moore dijeron que “las leyes antimonopolio existen para proteger la competencia, no a los individuos”.

Los demandantes solicitan una orden judicial que prohíba las supuestas prácticas anticompetitivas.

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