La Comisión Europea incluyó a los portales de contenido para adultos Pornhub, Stripchat y XVideos a cumplir los requisitos de la Ley de Servicios Digitales (DMA, por sus siglas en inglés). entre otras cosas, la normativa modera el contenido que se difunde a través de las grandes plataformas en línea. 

Los tres sitios web mencionados tienen en promedio 45 millones de usuarios mensuales. Con esta base, están obligados a ajustarse al marco regulatorio a partir del 17 de febrero del próximo año.

Los servicios deberán habilitar mecanismos para que los usuarios puedan denunciar contenido ilegal difundido a través de estas plataformas. En caso de retirar el material, deberán notificarlo a los propietarios del mismo y darles la posibilidad de apelar la decisión.

Cuando tengan conocimiento, deberán notificar a las autoridades si sospechan que se cometió, se está cometiendo o es probable que se comenta un delito que amenaza la vida o la seguridad de una persona. En el rubro se consideran delitos como abuso sexual infantil y trata de personas, por ejemplo. 

De las multas consideradas en la ley

Además de garantizar un alto nivel de privacidad, deberán establecer salvaguardas para proteger la integridad, seguridad y derechos de los menores de edad. La incorporación de herramientas para verificar la edad y mecanismos que prevengan a los más jóvenes sobre acceder a contenido explícito son requisitos considerados en la norma. 

“Crear una entorno en internet más seguro para nuestros niños es una prioridad de la ley de servicios digitales”, publicó en X Thierry Breton, comisionado de mercado interior en Comisión Europea.

El diseño de sus páginas web deberá evitar contenidos, herramientas y estética que pueda utilizarse para manipular a las audiencias. Los contenidos publicitarios deberán ser claramente identificados y no podrán mostrarse a los usuarios en función de  su origen étnico, opiniones políticas y orientación sexual.

El incumplimiento de estas indicaciones puede suponer la imposición de multas de hasta el 10% del total del volumen de negocios a nivel mundial de la compañía infractora. En caso de reincidencia, la cifra aumenta a 20%. El organismo regulador de la Unión Europea puede imponer soluciones estructurales para obligar desinversiones de negocio, por ejemplo, en caso de desobediencia total.