Reuters.- El Gobierno de España se opone a la opa hostil presentada el jueves por el segundo mayor banco español, BBVA, sobre su competidor más pequeño, Sabadell, dijo su ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Según la legislación española, el Ministerio de Economía tiene la última palabra para aprobar cualquier fusión o adquisición de un banco. El Gobierno tiene seis meses para decidir tras consultar con los reguladores, entre ellos el Banco de España y la CNMV.
BBVA presentó el jueves directamente a los accionistas una opa de 12.230 millones de euros (13.110 millones de dólares) sobre Sabadell, a pesar de que el consejo de administración de Sabadell ya rechazó esta semana una propuesta en los mismos términos.
Cuerpo dijo que el Gobierno considera que la combinación de los dos bancos tendría efectos potencialmente perjudiciales para el sistema financiero español y afectaría a puestos de trabajo y clientes.
“Desde el Gobierno rechazamos esta operación, esta opa hostil, tanto en la forma como en el fondo, por los efectos lesivos potenciales que puede tener”, dijo Cuerpo en una entrevista en TVE.
BBVA defiende su propuesta para comprar a Sabadell
El presidente del BBVA, Carlos Torres, dijo el jueves que la entidad combinada impulsaría la economía española al generar una mayor base impositiva y crear un actor más fuerte en Europa. “Estoy seguro de que el Gobierno apreciará el valor de la operación”, dijo Torres en una llamada con inversores.
Cataluña, la región española que se vería más afectada por la absorción, celebrará elecciones autonómicas el domingo. Los sindicatos y algunos partidos locales ya han expresado su preocupación por el impacto que tendría cualquier fusión en términos de pérdida de puestos de trabajo y cierre de sucursales en la región.
Carles Puigdemont, del partido separatista Junts, que se presenta como candidato a la presidencia de Cataluña, dijo que la operación debe detenerse. “Hace tiempo que hay una estrategia para liquidar la actividad bancaria catalana, lo que perjudica a los usuarios y perjudica al país”, dijo en X.
Sabadell y CaixaBank, ambos fundados en Cataluña, trasladaron su sede legal fuera de la región en 2017 tras un intento fallido liderado por Puigdemont de independizarla del resto de España, temiendo que el impulso secesionista dejara a Cataluña fuera de la Unión Europea.