La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), ha echo un enérgico llamado a las autoridades federales para que entablen un diálogo constructivo con los grupos inconformes que mantienen bloqueada la autopista México-Puebla y el Arco Norte.
Desde este martes, cerca de 1,600 ejidatarios del Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla bloquearon la circulación en las mencionadas ubicaciones para exigir el pago por las tierras expropiadas para la construcción del Arco Norte a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Denuncian el despojo de más de 400 hectáreas de al menos cuatro ejidos.
“Después de varias horas de interrupción en la circulación, consideramos esencial priorizar la apertura del diálogo y la construcción de consensos que permitan restablecer el tránsito vehicular en esta importante vía. La autopista México-Puebla es un eje fundamental para el transporte de personas y mercancías, y su bloqueo prolongado genera significativos perjuicios económicos y sociales”, advirtió la Concamin en una nota de prensa.
La Concamin ha dicho que la seguridad pública y vial de todos quienes hacen uso de esta vía debe ser una prioridad para las autoridades. “Es imperativo asegurar que se tomen las medidas necesarias para garantizar la integridad y bienestar de los ciudadanos, y transportistas afectados por esta situación. Reiteramos nuestra disposición para colaborar en la búsqueda de soluciones que promuevan el entendimiento y la pronta solución de este conflicto, en beneficio de toda la sociedad”
El bloqueo ha durado más de 45 horas. La Cámara Nacional de Autopartes de Carga (Canacar) calcula que las pérdidas producidas por la irrupción de la circulación podrían alcanzar los 4,000 millones de dólares. Miguel Ángel Martínez, presidente de la Canacar, solicitó la intervención inmediata de Jorge Nuño, secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes, para conseguir la liberación de las vías carreteras obstruidas. Argumenta que el cierre está violando el estado de derecho de miles de personas, industrias y empresas que trabajan para contribuir a la economía del país.
