La Corte Suprema de Estados Unidos se prepara para evaluar las apelaciones de Meta y Nvidia en casos separados de fraude de valores, en una serie de decisiones que podrían limitar el poder de los demandantes privados para responsabilizar a las empresas en casos de mala conducta corporativa.
La medida llega tras fallos recientes de la Corte en junio que debilitaron la autoridad de varios reguladores federales, incluida la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), organismo que vigila el fraude de valores. La Corte, con una mayoría conservadora de 6-3, podría inclinarse a restringir aún más el alcance de las acciones legales privadas que buscan hacer cumplir las normas federales. Andrew Feller, ex abogado de la SEC, comentó que Meta y Nvidia podrían encontrar una “audiencia receptiva” en la Corte, dado su historial favorable hacia las empresas en casos similares.
Meta y Nvidia en la mira
Meta, matriz de Facebook, apeló una demanda de inversores liderada por Amalgamated Bank, la cual acusa a la empresa de ocultar información sobre una violación de datos de 2015 relacionada con Cambridge Analytica, la consultora política británica implicada en la campaña presidencial de Donald Trump en 2016. La demanda colectiva, presentada en 2018, busca compensaciones monetarias por las pérdidas que sufrieron los accionistas cuando se conocieron los detalles del uso indebido de datos. Meta argumenta que no estaba obligada a revelar esa información en su momento, pues consideraba que el riesgo era de naturaleza “prospectiva y probabilística”.
Por su parte, Nvidia enfrenta una demanda encabezada por la empresa sueca E. Ohman J Fonder AB, la cual acusa al fabricante de chips de minimizar el impacto de las ventas relacionadas con criptomonedas en su crecimiento de ingresos. Los demandantes sostienen que Nvidia engañó a los inversores sobre la influencia de este sector en su negocio. La empresa argumenta que los demandantes no han superado el umbral legal establecido en la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995.
Analistas legales señalan que la Corte podría limitar el papel de las acciones privadas, lo cual aumentaría la presión sobre la SEC y abriría la puerta a un mayor protagonismo de las demandas colectivas privadas en casos de fraude de valores.
