El estado de Nueva York ha dado un paso significativo en la lucha contra el cambio climático con la promulgación de la Ley del Superfondo para el Cambio Climático, firmada este jueves por la gobernadora Kathy Hochul.

Esta legislación obliga a las grandes compañías de combustibles fósiles, responsables de importantes emisiones de gases de efecto invernadero, a pagar una cuota destinada a un fondo estatal para financiar proyectos de infraestructura resiliente frente a los efectos del cambio climático.

La ley, aprobada por los legisladores este año, tiene como objetivo que las grandes empresas de petróleo y gas contribuyan al costo de las reparaciones tras eventos climáticos extremos y proyectos de prevención. Entre las iniciativas a financiar están la restauración de humedales costeros y mejoras en carreteras, puentes y sistemas de drenaje, esenciales para proteger a las comunidades frente a inundaciones y tormentas severas.

Ley histórica para frenar el cambio climático

“La Ley del Superfondo para el Cambio Climático ahora es ley, y Nueva York ha lanzado una advertencia que se escuchará en todo el mundo: las empresas con más responsabilidad en la crisis climática rendirán cuentas”, declaró la senadora estatal Liz Krueger, una de las principales promotoras de la ley. Añadió que los mayores contaminantes “deben pagar lo que les corresponde para ayudar a los neoyorquinos comunes a lidiar con las consecuencias”.

La normativa apunta a los mayores emisores de gases de efecto invernadero entre 2000 y 2018. Sin embargo, no se aplicarán sanciones de inmediato, ya que el estado deberá establecer reglas para identificar a las empresas responsables, notificar sobre las multas y decidir qué proyectos serán financiados. . Se anticipan desafíos legales, como el comunicado del American Petroleum Institute, que calificó la ley como “una tarifa punitiva sobre la energía estadounidense”.

Nueva York sigue el ejemplo de Vermont, que promulgó una ley similar recientemente, reforzando un movimiento creciente en los estados para responsabilizar a las empresas de combustibles fósiles por los costos asociados con la crisis climática. Esta legislación posiciona al estado como líder en la búsqueda de justicia climática y resiliencia frente a un futuro marcado por eventos climáticos extremos.