Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC)-Aguakan enfrenta una nueva controversia legal tras la denuncia penal presentada por el Gobierno de Quintana Roo en relación con hechos ocurridos hace más de una década. Según informó la empresa a través de un evento relevante en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la denuncia se centra en supuestos acontecimientos de 2014 relacionados con la modificación de la concesión otorgada para la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y tratamiento de aguas residuales en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad.

De acuerdo con Aguakan, no existe fundamento jurídico en la acusación, ya que en ese año se acordó con el Gobierno estatal la ampliación de la concesión hasta 2053, incluyendo el servicio en Solidaridad. Como parte de este acuerdo, la empresa realizó un pago de 1,055 millones de pesos a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) del estado como contraprestación única. Sin embargo, la denuncia penal argumenta que los servidores públicos que participaron en la firma de dicho contrato no tenían facultades legales para ello.

Los argumentos de Aguakan

La empresa asegura que todas las acciones realizadas en torno a la modificación del contrato fueron transparentes y dentro del marco legal. Explica que el acuerdo contó con la aprobación del Consejo Directivo de CAPA, los cabildos municipales y el Congreso del Estado de Quintana Roo. Ante esta situación, Aguakan confía en que los tribunales validarán la legalidad del proceso y reafirmarán el respeto al Estado de derecho en la entidad.

Además, la compañía considera que la Gobernadora de Quintana Roo, María Elena Lezama Espinosa, ha recibido información errónea respecto a los hechos que motivan la denuncia. Por ello, reitera su disposición al diálogo con su administración para encontrar soluciones dentro del marco jurídico y en beneficio de los habitantes del estado y de sus inversionistas. Entre estos últimos, destacan las afores Banamex, Sura, Principal y Pensionissste, que representan a más de 22.5 millones de trabajadores mexicanos.

DHC-Aguakan, una empresa 100% mexicana, ha invertido más de 8,223 millones de pesos en infraestructura en Quintana Roo. Estas inversiones han permitido, entre otros avances, la instalación de 3,250 kilómetros de tuberías de agua, mejorando así la cobertura y calidad del servicio en la región. La compañía reitera su compromiso con el desarrollo sustentable del estado y la prestación eficiente de los servicios que tiene concesionados.