El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la implementación de la “tarjeta dorada”, un nuevo permiso de residencia destinado a millonarios que podrá adquirirse por un precio de 5 millones de dólares. Esta iniciativa busca atraer inversionistas extranjeros con alto poder adquisitivo, brindándoles una vía rápida hacia la residencia permanente y, eventualmente, la ciudadanía estadounidense.

“La gente adinerada vendrá a nuestro país comprando esta tarjeta. Gastarán mucho dinero, pagarán muchos impuestos y emplearán a mucha gente. Nunca hemos tenido un programa como este y creemos que será un éxito”, declaró Trump. Se espera que el programa entre en vigor en dos semanas y que en su primera fase emita un millón de estas tarjetas.

El anuncio se produce en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias en la administración Trump. Se han ampliado los criterios para la deportación, permitiendo operaciones en lugares anteriormente considerados protegidos, como iglesias, hospitales y escuelas. Además, se ha declarado una emergencia migratoria nacional en la frontera con México, lo que ha permitido la movilización de efectivos militares para reforzar el control.

La “tarjeta dorada” reemplazará al Programa de Inmigración para Inversores EB-5, el cual ha permitido a empresarios extranjeros obtener la residencia a través de inversiones de entre 500,000 y 1 millón de dólares y la creación de al menos diez empleos a tiempo completo. Según el secretario de Comercio, Howard Lutnick, el programa EB-5 ha sido utilizado de manera fraudulenta y otorga grandes beneficios a “un costo demasiado bajo”.

La “tarjeta dorada” de Trump en perspectiva

Mientras la “tarjeta dorada” genera expectativas de atracción de capital extranjero en Estados Unidos, también suscita interrogantes sobre su impacto en la economía y en la seguridad nacional.

A nivel internacional, esta estrategia no es nueva. En 2012, durante la crisis de deuda en la eurozona, varios países implementaron programas similares, conocidos como “Golden Visas”, para atraer inversión extranjera. Aunque estas medidas han impulsado el desarrollo económico, también han generado preocupaciones sobre seguridad, lavado de dinero y especulación inmobiliaria.

Actualmente, la Unión Europea está eliminando estos programas. Tras la invasión rusa a Ucrania, las autoridades del bloque han argumentando que facilitan la evasión fiscal y el crimen organizado. España, por ejemplo, cerrará su programa de “Golden Visas” en abril, con el objetivo de garantizar el acceso a la vivienda como un derecho y no como un negocio especulativo.