La industria automotriz de América del Norte es un ecosistema altamente integrado, donde las piezas atraviesan las fronteras en distintas fases de su producción. Sin embargo, la aplicación de aranceles del 25% por parte de Estados Unidos a componentes que no cumplan con las reglas del T-MEC podría afectar gravemente a la economía mexicana.

Bajo los lineamientos del tratado, los automóviles producidos en México y Canadá pueden certificar su contenido estadounidense para recibir un trato preferencial. Esto significa que el gravamen solo se aplicará al valor de los componentes que no sean de origen estadounidense. Actualmente, el 82.57% de las exportaciones mexicanas de vehículos, transporte de carga y autopartes cumplen con estas normas, dejando exentas del arancel al 61.93% de las exportaciones.

A pesar de este respaldo, analistas económicos advierten que si las tarifas se mantienen durante el año, el Producto Interno Bruto de México podría caer hasta 1.8 puntos porcentuales en 2025, lo que generaría una recesión del 1.3% en 2024. La industria también enfrenta altos costos de producción debido a la imposición de tarifas sobre las importaciones de acero y aluminio, lo que podría impactar en el precio final de los automóviles y reducir la demanda en Estados Unidos.

La respuesta de México a los nuevos aranceles de EE UU

Ante esta situación, el gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha anunciado que el 3 de abril presentará una respuesta integral a las medidas arancelarias. Sheinbaum subrayó que esta reacción no implica un distanciamiento con Estados Unidos, sino una estrategia para proteger los empleos y la industria automotriz nacional.

El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, también informó sobre avances en las negociaciones con Estados Unidos. Se confirmó que los vehículos producidos en México recibirán concesiones arancelarias según su contenido estadounidense, se establecerá una mesa de trabajo para fortalecer la industria de autopartes y se evitara la imposición múltiple de aranceles a componentes que cruzan varias veces la frontera.

La postura del gobierno mexicano es clara: defender los intereses nacionales y garantizar la estabilidad de una industria clave para la economía del país. A medida que evolucionen las negociaciones, se espera que las autoridades continúen buscando acuerdos que minimicen el impacto de estas medidas en la economía y el empleo de México.