La relación comercial entre México y Estados Unidos atraviesa una fase crítica, marcada por tensiones arancelarias impuestas por el presidente Donald Trump y agravada por un conflicto hídrico de fondo. El incumplimiento por parte de México del tratado de aguas de 1944 ha generado fricciones que podrían desembocar en nuevas represalias económicas por parte de Washington.

Este acuerdo bilateral establece que México debe entregar 1.7 millones de acres-pie de agua cada cinco años desde el Río Bravo, mientras que EE. UU. debe enviar 1.5 millones de acres-pie anuales desde el Río Colorado. Aunque las obligaciones mexicanas son menores, al cierre del actual ciclo quinquenal —que concluye en octubre de 2025— solo ha entregado el 30% de lo pactado, según datos de la Comisión Internacional de Límites y Aguas.

La situación se volvió más tensa cuando EE UU rechazó una solicitud de emergencia para enviar agua a Tijuana, una negativa sin precedentes en más de 80 años. Las sequías severas, el crecimiento poblacional, la expansión agrícola e industrial y el cambio climático han dificultado el cumplimiento mexicano.

México sin agua

Según S&P Global Ratings, el 60% del territorio nacional podría enfrentar niveles críticos de estrés hídrico hacia 2050. Actualmente, 11 estados ya padecen esta situación, incluyendo Baja California, Sonora, Ciudad de México y Guanajuato. Otros nueve se sumarían antes de 2050, como Nuevo León, Coahuila y Jalisco.

Pese al contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México está comprometido a cumplir el tratado “poco a poco”. Un informe de Reuters indica que el país planea enviar de inmediato 122,000 acres-pie de agua y otros 81,000 en los próximos meses, aunque esto apenas alcanzaría el 40% del total requerido.

Para lograrlo, el gobierno evalúa activar una cláusula que permite tomar agua de entidades como Nuevo León, Chihuahua y Tamaulipas, una medida que podría afectar la producción agropecuaria local. Esto ha encendido alarmas en Texas, donde políticos como Sid Miller y Ted Cruz exigen sanciones y acciones firmes.

Bajo este escenario, el agua se ha convertido en un nuevo factor de presión en la compleja relación bilateral, donde las disputas ya no solo se centran en comercio o migración, sino también en los recursos naturales compartidos.