A días de una amenaza arancelaria por parte del presidente Donald Trump, los gobiernos de México y Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para resolver el rezago en las asignaciones de agua del río Bravo, en el marco del Tratado de Aguas de 1944. El convenio se centra en atender el actual ciclo quinquenal (2020-2025), en el cual México solo ha entregado el 30% de los 2,159 millones de metros cúbicos que le corresponden.

El déficit ha provocado tensiones comerciales. Trump advirtió posibles sanciones si México no cumple con el tratado, acusándolo de perjudicar a agricultores texanos. Ante ello, el gobierno mexicano accedió a transferir de inmediato 122,000 acres-pie y otros 81,000 en los próximos meses, aunque con esto solo se alcanzaría el 40% de la meta.

La solución incluye aumentar las entregas durante la temporada de lluvias y posiblemente recurrir a una cláusula que permite extraer agua de estados como Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. No obstante, expertos alertan sobre impactos negativos en sectores productivos, ya afectados por una prolongada sequía.

El problema de fondo es estructural. Según S&P Global Ratings, 20 de las 32 entidades federativas mexicanas podrían enfrentar altos niveles de estrés hídrico para 2050. En esta década, ya 11 estados registran escasez severa de agua, entre ellos Sonora, Ciudad de México y Guanajuato. La situación amenaza no solo el cumplimiento internacional, sino también la estabilidad económica nacional, en especial en regiones agrícolas clave.

Aunque el acuerdo evita por ahora represalias comerciales, evidencia la fragilidad del equilibrio hídrico de México y la urgencia de políticas públicas efectivas para enfrentar una crisis que combina factores climáticos, demográficos y económicos. Las negociaciones seguirán bajo supervisión de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, con el objetivo de establecer un nuevo plan que permita a México cumplir sin comprometer su abastecimiento interno.