La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó una nueva estrategia económica con la que busca transformar al país en un polo de inversión farmacéutica a partir de 2026. El plan, orientado a atraer capital extranjero, pretende robustecer la producción nacional de medicamentos, dispositivos médicos y vacunas, con énfasis en generar empleos, reducir costos y fortalecer la soberanía sanitaria.

Cada dos años, el Gobierno Federal destina más de 300,000 millones de pesos en la adquisición de medicamentos, buena parte de ellos importados. La propuesta presidencial consiste en utilizar ese poder de compra como palanca para atraer inversiones “reales” de farmacéuticas extranjeras, especialmente de India, Estados Unidos, Europa y América Latina.

Sheinbaum anunció que el Diario Oficial de la Federación publicará próximamente un decreto que dará preferencia, en los procesos de licitación de medicamentos públicos, a las empresas que instalen plantas productivas en México, particularmente en los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar (PODECOBI), y que trabajen en alianza con la empresa pública Birmex.

El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, detalló que se premiará con puntos adicionales en licitaciones a las farmacéuticas que cuenten con infraestructura nacional —plantas, laboratorios, almacenes— y que demuestren desarrollo tecnológico. Para los medicamentos de patente, se exigirá un compromiso explícito de inversión proporcional al volumen de las compras.

No obstante, el plan enfrenta desafíos estructurales. México importa cerca del 80% de sus ingredientes activos farmacéuticos, según Canifarma, y en 2024 destinó solo el 2.4% del PIB al gasto público en salud, muy por debajo del promedio de la OCDE (6.6%). Este rezago en inversión limita la capacidad del Estado para fomentar una industria farmacéutica integral.

Además, la Cofepris anunció reformas para agilizar los procesos de autorización sanitaria y fortalecer la transparencia mediante digitalización total, modernización de plataformas y actualización normativa en colaboración con el IMPI.

A pesar del optimismo oficial, diversos especialistas han advertido que una transformación de esta magnitud requerirá de entre 15 y 20 años, debido a los desafíos presupuestales.