El Gobierno de México alista una demanda contra SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, luego de determinar que sus actividades en la frontera con Texas representan un riesgo tanto para la seguridad como para el medio ambiente del estado de Tamaulipas. La posible acción legal se basa en los recientes incidentes provocados por lanzamientos de cohetes que, según autoridades y especialistas, han generado contaminación en territorio mexicano.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que su administración realiza una evaluación integral de los impactos ocasionados por SpaceX y que convocará a su gabinete para definir las acciones jurídicas a emprender. La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, dirigida por José Antonio Peña Merino, encabeza los trabajos de revisión legal y técnica del caso.

Las preocupaciones legales surgieron tras la explosión de la nave Starship durante una prueba en Starbase, Texas, a pocos kilómetros del límite con México. Este hecho, sumado a un fallo similar ocurrido en mayo, provocó la dispersión de fragmentos y desechos tóxicos en zonas ecológicas sensibles del lado mexicano, especialmente en los márgenes del río Bravo.

SpaceX deja daños ambientales en México

Organizaciones como Conibio Global han advertido sobre los posibles daños a Playa Bagdad, en Matamoros, zona de anidación de la tortuga lora, especie en peligro de extinción. El colectivo también informó que, tras los incidentes, se han recolectado cerca de dos toneladas de residuos plásticos y 13 tanques metálicos con fósforo, una sustancia altamente peligrosa para humanos y fauna.

En respuesta, Sheinbaum ordenó a diversas dependencias federales y estatales realizar inspecciones en campo. Las investigaciones incluyen análisis de agua, suelo y vegetación, con el objetivo de documentar científicamente el daño ambiental. Las autoridades evalúan ahora qué normas internacionales, como el Convenio de Basilea o principios del derecho ambiental transfronterizo, podrían haberse infringido.

“Estamos determinando qué leyes internacionales se han violado. A partir de ahí iniciaremos un proceso, porque sí hay contaminación”, declaró la mandataria, subrayando que la intención es ejercer responsabilidad legal conforme a marcos multilaterales.

De concretarse, esta sería la primera demanda internacional impulsada por México contra una empresa aeroespacial privada por contaminación transfronteriza, marcando un precedente sobre los límites legales de la industria espacial frente a los derechos ambientales de otros países.