La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) detectó indicios de colusión entre 21 bancos e instituciones financieras que operan en México, al considerar que podrían haber fijado de forma coordinada las comisiones relacionadas con el pago diferido de tarjetas de crédito. Así lo revela un extenso documento de 649 páginas elaborado por el órgano regulador y al que tuvo acceso Reuters.

Entre las entidades señaladas figuran las filiales mexicanas de HSBC, Santander y Scotiabank, además de otros actores del sistema financiero como Banorte, Banco Azteca, Banregio, Inbursa, Banjercito, Banca Afirme, Banca Mifel, Banco del Bajío, Liverpool PC y plataformas como Klar Technologies, Crediclub, Oplay Digital Services y Caja Morelia Valladolid.

De acuerdo con la investigación iniciada por Cofece en 2022, las instituciones habrían incurrido en prácticas anticompetitivas, al reunirse periódicamente para acordar recargos aplicables al servicio de pagos diferidos. Este mecanismo permite a los usuarios dividir el costo de sus compras en mensualidades, una modalidad que se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos por comisiones para los bancos.

Según el documento, los acuerdos entre instituciones financieras no solo establecían cargos específicos que luego eran formalizados en los reglamentos, sino que también excluían a algunos participantes del mercado, lo que limitaba la competencia y perjudicaba al consumidor.

La Cofece considera que existen pruebas suficientes para presumir estas conductas, por lo que notificó a las entidades involucradas, lo que marca el inicio de una nueva fase del procedimiento, similar a un juicio. En ella, las partes podrán presentar pruebas y argumentos en su defensa antes de que el pleno del organismo emita una resolución definitiva.

De confirmarse las acusaciones, la autoridad antimonopolio podría imponer multas de hasta el 10% de los ingresos anuales de las empresas involucradas, aunque no tiene facultades penales. No obstante, puede interponer demandas colectivas o presentar denuncias ante instancias judiciales.

Hasta ahora, ni la Cofece ni los bancos mencionados han emitido comentarios públicos sobre el caso. El organismo ya ha liderado otros procesos de alto perfil en sectores como el farmacéutico y el energético. En 2021 impuso sanciones por 903 millones de pesos a distribuidores de medicamentos, y en 2022 multó con más de 2,400 millones de pesos a empresas de gas LP por manipulación de precios. Este nuevo caso podría convertirse en uno de los más relevantes del sector financiero en los últimos años.