El cultivo de la caña de azúcar debe incorporarse a programas especiales de atención emergente para rescatar a los productores y reactivar la capacidad productiva del sector, advirtió Carlos Blackaller Ayala, presidente de la Unión Nacional de Cañeros (UNC-CNPR). La advertencia llega en un contexto de desplome en el precio del azúcar en el mercado nacional y un aumento sostenido en los costos de producción.

Blackaller planteó una estrategia de respuesta inmediata que incluya: la imposición del Requisito de Permiso Previo a las importaciones de azúcar, el ajuste de aranceles de importación de azúcar crudo a 720 dólares por tonelada, la definición clara de mezclas alimenticias para evitar importaciones disfrazadas y el fortalecimiento de aduanas y puertos para erradicar el contrabando.

El líder cañero también pidió atender la trazabilidad del azúcar en empresas IMMEX, el impacto de la importación de fructosa y las percepciones negativas hacia el azúcar relacionadas con temas de salud y etiquetado nutrimental.

La UNC-CNPR advirtió que, al inicio del ciclo azucarero 2024/2025, ya se preveía un escenario complicado, tras dos ciclos con caídas productivas. Esto elevó los precios en 2023-2024, incentivando importaciones que hoy superan 1.1 millones de toneladas, de las cuales 721,000 llegaron en el ciclo anterior y 153,000 en lo que va del actual.

Para el sector, la ausencia del Permiso Previo de importación —medida que sí se exige para la exportación— genera incertidumbre y abre la puerta a un mercado desbalanceado. Además, el arancel vigente, fijado hace más de tres décadas con la firma del TLCAN, ha perdido eficacia. Según Blackaller, el mercado mundial del azúcar es altamente especulativo y sus precios no reflejan costos reales de producción, por lo que urge actualizar las tarifas a un mínimo de 720 dólares por tonelada, frente a los actuales 330-360 dólares.

Las consecuencias económicas ya son severas: los cañeros registran una caída de 27% en sus ingresos respecto al ciclo pasado, equivalente a 14,500 millones de pesos. Si la tendencia continúa, la zafra 2025-2026 podría sufrir un recorte adicional de 7,000 millones.

“Estamos ante el riesgo de insolvencia generalizada que amenazaría la economía y estabilidad social de más de 180,000 productores y comunidades cañeras en 270 municipios de 15 estados del país”, concluyó el dirigente.