La Electro Movilidad Asociación (EMA) reconoció el compromiso del Gobierno de México con la construcción de un futuro más limpio, sostenible y competitivo, y subrayó la necesidad de no frenar la electrificación del país. En una carta firmada por su presidente, Eugenio Grandio, la organización advirtió que elevar los costos de acceso a los vehículos eléctricos representaría “un retroceso en el cumplimiento de las metas nacionales y compromisos internacionales”, además de una pérdida de oportunidades en materia de salud pública, competitividad y desarrollo económico.

Grandio destacó que hoy el mercado mexicano cuenta con una oferta creciente de más de 100 modelos de vehículos eléctricos y más de 50 híbridos enchufables, cuyos precios han disminuido de forma significativa en los últimos años. “Estos vehículos no solo reducen los costos de operación y mantenimiento para los usuarios, sino que también generan beneficios colectivos al disminuir las emisiones contaminantes, mejorar la calidad del aire y contribuir a un entorno más limpio y seguro para las próximas generaciones”, señaló.

De acuerdo con datos de la EMA, en el primer semestre de 2025 se comercializaron 43,656 vehículos de bajas emisiones, un crecimiento de 40.29% respecto a 2024. De ellos, 19,481 fueron eléctricos —un aumento de 33.7%— y 24,081 híbridos conectables, con un incremento de 47.5%, incluso en un contexto de contracción del mercado automotriz. Paralelamente, la infraestructura de recarga pública y privada alcanzó más de 51,800 puntos de conexión, incluidos 832 de carga rápida, lo que refuerza la expansión de corredores de recarga.

La asociación también advirtió que restringir la entrada de tecnologías según su origen limitaría la diversidad de modelos y rangos de precio, encarecería la transición y restaría competitividad. “Neutralidad tecnológica y de origen es la clave: México debe priorizar las mejores tecnologías disponibles para acelerar la movilidad eléctrica, sin importar su procedencia”, afirmó Grandio.

Entre las propuestas de la EMA para acelerar la adopción de estas tecnologías destacan incentivos fiscales a los usuarios, impulso a la infraestructura de carga, mandatos para la electrificación de flotas públicas y privadas, y regulaciones que garanticen la disponibilidad de la mejor tecnología.

Grandio reiteró la disposición del organismo para colaborar con las autoridades y así “construir políticas públicas integrales que garanticen el derecho a un medio ambiente sano y aceleren el futuro eléctrico de México”.