Las medidas fiscales incluidas en la Ley de Ingresos del Paquete Económico 2026 han despertado preocupación entre los actores del ecosistema digital mexicano, particularmente por las implicaciones de los artículos 25 y 30-B, según expertos del sector. De aprobarse sin modificaciones, advierten, las disposiciones referentes a la retención de ISR e IVA sobre ingresos brutos y el acceso permanente en tiempo real a datos de plataformas con facultad de bloqueo administrativo podrían comprometer la estabilidad de miles de pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y alterar de forma significativa la dinámica del comercio digital en el país.

De acuerdo con estimaciones del sector, entre el 25% y el 35% de las PyMEs que actualmente operan en entornos digitales podrían dejar de existir ante la carga fiscal que implicarían las nuevas reglas. Asimismo, se calcula que entre 150 mil y 210 mil empleos formales estarían en riesgo, en un entorno que ya enfrenta retos de competitividad, inflación y desaceleración económica.

El impacto no se limitaría a las empresas, ya que millones de consumidores mexicanos podrían enfrentar incrementos de entre 3% y 5% en los precios de productos y servicios en línea, afectando el consumo y la confianza en el comercio electrónico. Además, analistas advierten que la reforma podría fomentar la informalidad, pues muchas empresas optarían por salir del marco tributario para sobrevivir, lo que contradice los objetivos del propio gobierno federal en materia de recaudación, formalización y estabilidad de precios.

Actualmente, la economía digital representa más del 6.4% del PIB nacional, y se considera uno de los motores con mayor potencial de crecimiento y generación de empleo en México. Sin embargo, las medidas planteadas en el Paquete Económico 2026 podrían desacelerar su expansión y limitar la innovación, especialmente entre los emprendedores y microempresas que dependen de plataformas digitales para operar, según especialistas.

Diversos sectores han subrayado que, en lugar de imponer mayores cargas a los contribuyentes que ya cumplen, el gobierno debería reforzar los mecanismos previstos en el artículo 18-J para focalizar la fiscalización en quienes evaden impuestos. De esa forma, se preservaría la competitividad del ecosistema digital, se fortalecería la formalidad y se mantendría alineada la política económica con los objetivos estratégicos del Plan México y la política antiinflacionaria vigente.