La Asociación de Internet MX, organización con 25 años de trayectoria en el impulso del ecosistema digital en México, manifestó su rechazo a la aprobación “fast-track” del Artículo 30-B del Código Fiscal de la Federación, incluido en el Paquete Económico 2026. De acuerdo con el organismo, la medida aprobada por la Cámara de Diputados representa un grave retroceso democrático y coloca al país en riesgo de replicar prácticas de vigilancia masiva propias de regímenes autoritarios.
La asociación advirtió que, bajo su redacción actual, el Artículo 30-B facultaría al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para acceder de forma permanente y en tiempo real a las bases de datos de plataformas digitales que operan en México. Aunque el gobierno argumenta que el objetivo es fortalecer la recaudación y combatir la evasión fiscal, la organización considera que la medida abre la puerta a la intromisión indiscriminada en la privacidad de millones de usuarios sin necesidad de orden judicial ni límites procesales claros.
En un comunicado, la Asociación de Internet MX subrayó que no existen precedentes en democracias comparables de una medida tan intrusiva y alertó sobre sus múltiples consecuencias:
- Riesgos a la privacidad: El acceso irrestricto del SAT a sistemas digitales de alto tráfico implicaría un riesgo directo para los datos personales de los usuarios, otorgando a la autoridad una “llave maestra” para ingresar a información sensible sin control judicial.
- Sanciones desproporcionadas: Las medidas punitivas contempladas podrían llevar a la “muerte digital” de plataformas, ya que el SAT, el IMSS o el Infonavit tendrían facultades para ordenar su bloqueo total en territorio nacional, afectando tanto a empresas como a millones de usuarios.
- Violaciones constitucionales: El artículo contraviene el Artículo 16 de la Constitución mexicana y tratados internacionales, que protegen la inviolabilidad de las comunicaciones y los datos personales.
- Daños a la economía digital: La medida desincentivaría el uso de servicios digitales, castigando especialmente a las MiPyMEs dependientes del internet para su operación.
- Riesgos de ciberseguridad: La interconexión forzada entre sistemas gubernamentales y plataformas privadas aumentaría las posibilidades de hackeos o filtraciones de datos.
La Asociación consideró que, aunque la Comisión de Hacienda introdujo cambios a la iniciativa original, estos resultan insuficientes para corregir los riesgos señalados. Por ello, hizo un llamado urgente al Senado de la República para frenar la aprobación definitiva del Artículo 30-B y evitar que México sea percibido como un país que legaliza la vigilancia masiva.
La organización reiteró su disposición a colaborar con el Gobierno de México para construir un marco fiscal digital equilibrado que fortalezca la recaudación sin vulnerar derechos fundamentales. Entre sus propuestas destacan sustituir el acceso en tiempo real por auditorías selectivas con orden judicial, limitar el alcance de los datos a fines estrictamente fiscales, garantizar la protección de secretos industriales y establecer sanciones proporcionales.
“La privacidad de las personas y las empresas no son privilegios, son derechos. México aún está a tiempo de demostrar que la digitalización del Estado puede convivir con la libertad, la innovación y el respeto a los derechos humanos”, concluyó la Asociación de Internet MX.
