Por Emmanuel Carrillo
En un movimiento estratégico para profesionalizar el sector del alojamiento temporal, la Asociación Mexicana de Viviendas Turísticas (AMVITUR) presentó formalmente una propuesta ante las autoridades capitalinas que busca sustituir las restricciones actuales por un modelo de gobernanza basado en datos y transparencia.
La pieza central de esta iniciativa, entregada el pasado 9 de enero para integrarse al Plan General de Desarrollo (PGD) 2025–2045, es la creación de una nueva dependencia gubernamental especializada en hospitalidad.
Una instancia normativa con independencia técnica
A diferencia de los modelos de control tradicionales, AMVITUR propone la creación de un organismo público especializado que cuente con independencia técnica que se encargue de:
- Coordinar el Registro Único de Hospitalidad (RUH): Una plataforma digital para identificar quiénes operan, dónde y bajo qué modalidad.
- Articulación institucional: Servir como puente entre las autoridades de turismo, finanzas, protección civil y desarrollo territorial.
- Evaluación de impacto: Realizar diagnósticos precisos en lugar de aplicar reglas generalizadas que no distinguen entre las diferentes realidades de los barrios de la ciudad.
Beneficios directos para los operadores
Para los dueños y administradores de viviendas turísticas, esta propuesta representa un cambio del “castigo” a la “incentivación”. Los beneficios principales incluyen:
- Eliminación de topes arbitrarios: Se propone sustituir los límites de ocupación generalizados por un esquema basado en el desempeño y cumplimiento. Si un operador cumple con sus obligaciones y registros, no tendría por qué enfrentar restricciones uniformes.
- Certeza jurídica y administrativa: Con el RUH, los operadores contarán con un marco legal claro que valida su actividad frente a vecinos y autoridades.
- Equidad tributaria: La propuesta busca homologar el Impuesto sobre Hospedaje (ISH) al 5% para todas las modalidades de alojamiento. Al automatizar la retención mediante plataformas, se simplifica el cumplimiento fiscal para el operador y se asegura que el sector sea visto como un contribuyente estratégico (actualmente ya aportan el 25% del ISH).
- Sostenibilidad del negocio: Al basar la regulación en evidencia y no en percepciones, se protege la inversión de los operadores contra decisiones políticas repentinas o desinformadas.
“El problema no es la falta de reglas, sino la falta de información. Con datos confiables, la ciudad puede regular mejor e incentivar el cumplimiento”, afirmó Sean Cázares Ahearne, director general de AMVITUR.
