La reforma a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, aprobada en abril de 2025, abrió la puerta a nuevos mecanismos para democratizar la proveeduría gubernamental e incrementar la participación de cooperativas y micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
En este marco, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno realizó en abril de 2026 la contratación del servicio de limpieza mediante un modelo cooperativista, convirtiéndose en una de las primeras dependencias en implementar este esquema dentro de las compras públicas.
La cooperativa está integrada mayoritariamente por las y los trabajadores que anteriormente realizaban estas actividades a través de una empresa intermediaria o subcontratista. Con el nuevo modelo, las mismas personas se convirtieron en socias de su propia organización y participan directamente en la prestación del servicio, modificando su relación laboral y fortaleciendo su autonomía económica.
El cambio también busca mejorar las condiciones en las que se desarrolla el trabajo. Bajo el esquema anterior, las y los trabajadores enfrentaban incertidumbre en las fechas de pago, interrupciones en la seguridad social, ausencia de reparto de utilidades y, en algunos casos, la necesidad de adquirir con recursos propios los insumos necesarios para realizar sus actividades.
Con el modelo cooperativista, ahora cuentan con mejores condiciones salariales, mayor certeza en sus pagos, acceso real a la seguridad social y el equipamiento e insumos necesarios para desempeñar sus labores.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que la consolidación de este modelo requiere fortalecer las capacidades organizativas, administrativas y de gestión de la cooperativa. Por ello, se implementó un esquema de acompañamiento interinstitucional, continuo y progresivo, con el objetivo de consolidar su proceso de autogestión.
La iniciativa busca demostrar que las compras públicas pueden convertirse en una herramienta para promover la justicia social y fortalecer una economía más incluyente. Asimismo, plantea una nueva forma de desarrollar proveedores para el Gobierno Federal, en la que las personas que prestan los servicios tengan una participación directa en la organización productiva.
Con esta contratación, la dependencia refrendó su compromiso con un modelo de proveeduría pública más justo, incluyente y eficiente. La experiencia también representa un cambio en la manera de concebir la prestación de servicios públicos, al permitir que quienes anteriormente eran únicamente trabajadores se conviertan en protagonistas de su propia organización productiva.
La Secretaría sostuvo que es posible contratar de manera distinta y, al mismo tiempo, generar mejores resultados tanto para el Estado como para las personas que hacen posible el funcionamiento de los servicios públicos.
