La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una propuesta que busca ampliar el uso de transferencias, tarjetas, códigos QR y otros medios electrónicos. La medida todavía debe pasar por el Senado, por lo que el efectivo no desaparece ni todos los negocios están obligados desde ahora a aceptar únicamente pagos digitales.
Se ha manejado que en México podría dejar de aceptarse el efectivo, pero eso no ocurrirá de manera general ni de forma inmediata. La nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, aprobada por la Cámara de Diputados, establece un marco para ampliar el uso de medios de pago electrónicos y faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar en qué sectores y actividades relevantes los pagos digitales podrían convertirse en la única forma de pago.
El dictamen todavía debe pasar por el Senado, por lo que la aprobación de los diputados no significa que desde hoy una tienda, restaurante, puesto o cualquier otro negocio tenga que dejar de recibir billetes y monedas.
La propuesta parte de un cambio que ya ocurre en el consumo mexicano y es que el comercio electrónico alcanzó 941,000 millones de pesos en ventas durante 2025, un crecimiento de 19.2% frente al año anterior, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) retomados por La Jornada. Las ventas digitales ya representan 17.7% del comercio minorista.
Pero el crecimiento del comercio electrónico convive con una realidad muy distinta en las compras cotidianas: el efectivo continúa como el principal medio de pago para operaciones de bajo monto. De acuerdo con cifras citadas por las organizaciones empresariales, alrededor de 85% de las operaciones menores a 500 pesos todavía se realizan principalmente con efectivo.
Ese contraste explica el objetivo de la nueva legislación.México tiene un comercio digital cada vez más grande, pero existe un gran cantidad de operaciones que ocurren fuera de los sistemas de pago electrónicos.
Entonces, ¿qué cambiaría para las personas?
La ley busca ampliar las alternativas para pagar mediante transferencias electrónicas, tarjetas, códigos QR, tecnología NFC y otros mecanismos digitales. También plantea que las autoridades de los tres niveles de gobierno acepten medios de pago digitales para sus trámites y servicios.
Para los consumidores, esto podría significar una mayor disponibilidad de opciones para pagar sin efectivo, sobre todo en determinados servicios, establecimientos y actividades que posteriormente queden sujetos a las reglas que establezca Hacienda.
Sin embargo, la legislación no establece que todos los mexicanos tendrán que abandonar el efectivo.
El punto central está en las facultades que recibiría Hacienda para determinar los sectores estratégicos y actividades relevantes donde los pagos digitales podrán ser obligatorios. De acuerdo con el dictamen aprobado por los diputados, la Secretaría tendría 15 días hábiles después de la entrada en vigor de la ley para determinar esos sectores y actividades.
Por eso, todavía no existe una lista general de tiendas, restaurantes, servicios o negocios que tendrán prohibido aceptar efectivo. Esa definición dependerá de las disposiciones posteriores.
¿Los negocios tendrán que aceptar pagos digitales?
La respuesta dependerá de las reglas que se establezcan para cada sector, pero la ley sí busca que los proveedores de bienes y servicios cuenten con infraestructura para recibir pagos digitales.
Para una pequeña tienda, esto puede representar mucho más que colocar una terminal bancaria junto a la caja. El negocio tendría que considerar conectividad, equipos, comisiones, mantenimiento, capacitación y los procesos necesarios para administrar las operaciones electrónicas.
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) respaldó la digitalización, pero advirtió que la transición debe considerar las condiciones reales de los negocios familiares y de las micro, pequeñas y medianas empresas.
De acuerdo con la organización, una terminal puede representar un costo de entre 99 y 3,500 pesos, mientras que las comisiones por operación pueden alcanzar hasta 5.39%, dependiendo del servicio y proveedor. A esto se pueden sumar gastos de conectividad, mantenimiento y otros costos asociados.
Las comisiones son precisamente una de las principales preocupaciones de los comercios. Según Concanaco, representan 35% de las menciones entre las barreras para adoptar pagos digitales. Después aparecen la conectividad, con 20.7%; la preferencia por el efectivo, con 17.4%, y el desconocimiento, con 16.9%.
Esto significa que la discusión sobre la Ley de Economía Digital no se limita a decidir si una persona paga con billetes, tarjeta o teléfono. Para miles de negocios, el cambio también implica determinar cuánto les costará cobrar de manera digital.
¿Todos los pagos digitales cobran comisión?
No. Uno de los puntos que conviene distinguir es que no todos los medios de pago funcionan bajo el mismo esquema.
Las transferencias mediante SPEI y las operaciones con CoDi no tienen comisión para quien paga ni para quien recibe, de acuerdo con la información presentada por las autoridades. En cambio, los pagos con tarjeta pueden generar costos para los comercios, debido a las comisiones asociadas al servicio de las terminales y a las redes de pago.
Por eso, que un negocio acepte pagos digitales no significa necesariamente que todos los métodos tengan el mismo costo.
¿Qué es CoDi y por qué aparece en la nueva ley?
CoDi es una plataforma desarrollada por Banco de México que permite realizar pagos electrónicos mediante códigos QR y tecnología de comunicación de corto alcance.
El gobierno busca aprovechar esta infraestructura para ampliar los pagos digitales sin depender exclusivamente de las terminales tradicionales de tarjetas. La meta planteada por las autoridades es que los pagos digitales representen al menos 50% de las operaciones en 2027.
El teléfono celular tendría así un papel cada vez más importante para cobrar y pagar bienes y servicios
¿El efectivo desaparecerá?
No por ahora. La aprobación de la Cámara de Diputados no elimina el efectivo y tampoco establece que todos los negocios del país tengan que dejar de aceptarlo.
Lo que hace la propuesta es crear un marco para avanzar hacia una economía con mayor uso de pagos electrónicos y permitir que Hacienda determine en qué sectores o actividades podrá establecerse el pago exclusivamente digital.
Además, el dictamen contempla situaciones de contingencia. Si existe una circunstancia que impida recibir pagos digitales, se podrá recurrir al efectivo o al cheque bajo las condiciones previstas por la legislación.
¿Por qué el gobierno quiere impulsar los pagos digitales?
Uno de los objetivos es aumentar la inclusión financiera y facilitar que más personas y negocios participen en el sistema financiero formal.
Los pagos electrónicos también generan registros de las operaciones, lo que puede facilitar procesos como la comprobación de ingresos y el acceso a productos financieros. Para pequeños negocios y trabajadores independientes, contar con un historial de operaciones puede convertirse en una herramienta para acceder posteriormente a servicios como crédito.
La digitalización también busca reducir la dependencia del efectivo en una economía donde el comercio electrónico ya tiene un peso considerable.
¿Qué tiene que ver la CURP Digital?
La nueva legislación también contempla mecanismos de identificación digital para facilitar la contratación de servicios financieros.
Entre ellos aparece la CURP Digital, que podrá utilizarse como mecanismo de identificación o confianza digital, aunque las personas podrán recurrir a otros mecanismos oficiales de identificación.
La propuesta también contempla un Expediente Digital Ciudadano, con el objetivo de facilitar el acceso a documentos e información mediante autorización y reducir procesos presenciales relacionados con determinados servicios.
Para el consumidor, la intención es que más trámites y contrataciones puedan realizarse de manera digital, sin tener que presentar la misma documentación una y otra vez.
¿Qué preocupa a los pequeños negocios?
La principal preocupación es el costo de la transición. Concanaco ha respaldado la Ley de Economía Digital, pero plantea que la implementación debe ser gradual y acompañarse de condiciones que permitan a los negocios familiares adaptarse.
La organización propone, entre otras medidas, comisiones preferenciales para las micro, pequeñas y medianas empresas, mayor competencia entre proveedores de servicios de pago y reglas fiscales claras.
El problema es que no todos los comercios tienen las mismas capacidades para absorber los costos de la digitalización. Una gran cadena puede distribuir el costo de una infraestructura de pagos entre cientos o miles de establecimientos, mientras que una tienda familiar tiene que absorberlo sobre un volumen de ventas mucho menor.
Por eso, el impacto de la ley dependerá en buena medida de las reglas que se definan después de su aprobación.
¿Qué sigue para la Ley de Economía Digital?
El siguiente paso es el Senado. Hasta que concluya el proceso legislativo y, en su caso, se publique la legislación correspondiente, no puede afirmarse que todos los negocios estarán obligados a aceptar únicamente pagos digitales.
Después vendrá una segunda etapa, en la que kas disposiciones que determinen qué sectores y actividades estarán sujetos a las nuevas reglas y cuáles serán los plazos para que los negocios se adapten.
