La red social X, propiedad del empresario Elon Musk, volvió a estar disponible en Brasil, tras cuarenta días de bloqueo. La plataforma fue prohibida desde el 30 de agosto por la Corte Suprema del país, acusada de propagar desinformación.
Brasil, con una base de 22 millones de usuarios en X, fue testigo del regreso de la red social después de que la empresa cumpliera una serie de exigencias impuestas por las autoridades judiciales.
El retorno de X se produjo luego del pago de una millonaria multa de 28.6 millones de reales (equivalentes a 5.2 millones de dólares). Además, la red social tuvo que desactivar varias cuentas acusadas de difundir información falsa, algunas de ellas relacionadas con una investigación sobre “milicias digitales”.
También fue necesario que nombrara un representante legal en Brasil. El juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizó el desbloqueo después de confirmar que la plataforma había cumplido con las medidas solicitadas.
El regreso de X a Brasil será gradual
El regreso de X causó un gran revuelo entre los usuarios brasileños, quienes celebraron con entusiasmo en las redes sociales con etiquetas como “Voltou” (volvió) y “I’m back” (estoy de regreso). Sin embargo, el acceso a la plataforma se está restaurando de manera gradual e irregular, según la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel). La demora en la reactivación completa depende de los proveedores de internet y sus procesos técnicos.
El ministro de Comunicaciones de Brasil, Juscelino Filho, consideró un “triunfo” que X se adaptara a las decisiones judiciales. En un comunicado, expresó que Brasil es un país soberano y que “aquí se respetan las leyes, sea quien sea”. Por su parte, la red social manifestó su orgullo por volver a operar en el país, destacando su compromiso con la libertad de expresión dentro del marco legal.
El bloqueo de X, que duró más de un mes, generó tensión entre Musk y el juez Moraes. Musk llegó a acusar al magistrado de “dictador malvado”, mientras que Moraes defiende que la plataforma permite la difusión de información que pone en peligro la democracia.
