La Cámara de Diputados de México ha aprobado una reforma laboral que busca otorgar prestaciones de ley a conductores y repartidores de aplicaciones digitales como Uber, Didi y Rappi. Esta iniciativa, impulsada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, establecerá un nuevo capítulo en la Ley Federal del Trabajo para regular las condiciones laborales en estas plataformas.
La normativa garantizará la seguridad social y derechos laborales para los trabajadores que generen al menos un salario mínimo. Aquellos con ingresos menores serán considerados colaboradores independientes, pero contarán con protección ante riesgos laborales. Las empresas asumirán los costos del seguro social, cubriendo únicamente el tiempo efectivo de trabajo, desde que se acepta un servicio hasta su conclusión.
Los conductores y repartidores que acumulen más de 288 horas de trabajo mensual podrán participar en el reparto de utilidades. Además, tendrán libertad para conectarse a diversas plataformas y gestionar sus horarios sin restricciones. La reforma exige a las empresas emitir recibos de pago, registrar horas trabajadas y proteger la información personal de sus empleados. También deberán diseñar protocolos contra el acoso y proporcionar contratos claros que especifiquen condiciones laborales, parámetros de supervisión y recursos asignados.
Derechos laborales en las apps
La STPS estima que 272,000 personas podrían beneficiarse de esta reforma, aunque advierte que el número de trabajadores en el sector supera los 650,000. Un estudio de Fairwork México señala que estas personas enfrentan jornadas extensas, falta de seguridad y salarios insuficientes, problemática que la reforma busca atender.
Aunque empresas como Uber han expresado apoyo a la iniciativa, también han manifestado reservas. Nicolás Sánchez, director de Asuntos Públicos de Uber, aseguró que la reforma podría comprometer la flexibilidad de los trabajadores, uno de los principales atractivos del modelo. Además, advirtió que las tarifas podrían incrementarse hasta un 50% si la ley entra en vigor.
Con esta reforma, México da un paso hacia el reconocimiento de derechos laborales en el entorno digital, marcando un precedente en la regulación de plataformas tecnológicas.
