En las últimas dos semanas, la administración de Donald Trump ha deportado un total de 10,640 personas, más de 8,000 de nacionalidad mexicana, han sido deportadas desde Estados Unidos, según informó el Instituto Nacional de Migración (INM).
Francisco Garduño, comisionado del INM, dio a conocer estas cifras durante una conferencia de prensa en donde subrayó la importancia de garantizar el respeto a los derechos humanos de los inmigrantes repatriados.
Ante el aumento en las deportaciones, el Gobierno mexicano ha reforzado los centros de recepción de migrantes, como el ubicado en Reynosa, Tamaulipas, los cuales ya estaban adaptados para posibles contingencias antes de la toma de posesión del presidente republicano.
La mayoría de los deportados son trabajadores: Segob
Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), ha explicado que el 99.99% de los mexicanos deportados son trabajadores, sin antecedentes penales. “Es una generalidad pensar que la población deportada es delincuente. La mayoría ha cometido faltas menores o administrativas, pero no delitos graves ni en México ni en Estados Unidos”, asegura.
El Gobierno de Claudia Sheinbaum ha implementado el programa “México te abraza”, que busca proporcionar apoyo humanitario a los repatriados. El objetivo es ofrecer atención solidaria y asegurar un proceso de reintegración digno para quienes regresan al país.
Diversos especialistas han advertido que esta situación podría afectar de manera particular al sector restaurantero. El Instituto Peterson de Economía Internacional estimó que los precios en el sector servicios subirían un 1.7% si el Gobierno de Trump deporta a 1.3 millones de trabajadores, o que subirían un 11% si la administración cumple su compromiso de deportar a todos los inmigrantes que trabajan ilegalmente en el país, que el Pew Center estima en 8.3 millones.
“Ya estamos lidiando con una enorme escasez de mano de obra de trabajadores de la alimentación”, dijo Jacob Monty, un abogado de inmigración y empleo que asesora a cadenas de restaurantes. “Si se añaden más medidas coercitivas, sólo va a ser más difícil encontrar trabajadores para dotar de personal a los restaurantes”.
