La Comisión Europea ha presentado una serie de propuestas que modifican las normas de sostenibilidad aplicables a las empresas dentro de la Unión Europea. Estos cambios incluyen la eliminación de requisitos de información sobre sostenibilidad para miles de empresas y el retraso de un año en la política de diligencia debida.

Según la nueva propuesta, sólo las empresas con más de 1,000 empleados estarán obligadas a informar sobre su impacto medioambiental y en derechos humanos. Actualmente, estas regulaciones afectan a empresas con más de 250 trabajadores. De aprobarse, la medida eximiría a unas 40,000 empresas, lo que equivale al 80% de las compañías a las que se les aplicaban estas normas.

La iniciativa de la Comisión busca reducir la carga administrativa y promover un entorno empresarial más flexible. Sin embargo, la propuesta ha generado críticas de organizaciones medioambientales y de derechos humanos, que consideran que la reducción de los requisitos puede debilitar la transparencia corporativa y la rendición de cuentas.

Las modificaciones propuestas deberán ser discutidas y aprobadas tanto por el Parlamento Europeo como por los Estados miembros antes de su implementación definitiva.

La Unión Europea impulsa la industria limpia

En paralelo a la flexibilización de las normas de sostenibilidad, la Comisión Europea ha propuesto destinar 100.000 millones de euros al desarrollo de fábricas limpias dentro de la UE. Este financiamiento forma parte del denominado “Clean Industrial Deal” (Acuerdo para una Industria Limpia), una estrategia clave dentro del plan de competitividad europeo.

El objetivo principal de esta iniciativa es apoyar a sectores de alto consumo energético que enfrentan costes elevados y regulaciones complejas en su competencia con empresas de otras regiones. La Comisión planea colaborar con el Banco Europeo de Inversiones para establecer sistemas de garantía que reduzcan los costos de los contratos de energía renovable a largo plazo y fomenten la fabricación de redes.

Otro aspecto clave del plan es la creación del Centro de Materias Primas Críticas de la UE, cuya función será la adquisición conjunta de metales y minerales esenciales para la transición energética. La medida busca garantizar el acceso a estos recursos y reducir la dependencia de proveedores externos.

Además, el plan contempla una simplificación de la burocracia y una revisión de los derechos sobre el carbono, con el fin de mejorar la competitividad de la industria europea. La propuesta aún debe ser aprobada por el Parlamento Europeo y una mayoría reforzada de Estados miembros antes de entrar en vigor.

Estas iniciativas reflejan la estrategia de la UE para equilibrar la sostenibilidad ambiental con la competitividad económica, en un contexto global de transformación industrial y transición hacia energías limpias.