La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) expresó su respaldo a la Estrategia Nacional contra la Extorsión presentada por el Gobierno Federal, al considerarla un paso indispensable frente a un delito que afecta gravemente al sector productivo y pone en riesgo la seguridad de millones de personas. Sin embargo, advirtió que para que esta iniciativa tenga un impacto real, debe acompañarse de reformas legales profundas y una implementación eficaz.
La estrategia, que involucra a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la SEDENA, la Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la Fiscalía General de la República, plantea una respuesta coordinada a una problemática que genera pérdidas anuales por más de 26,000 millones de pesos, según datos del INEGI (ENVIPE 2024). En México, cada día 32.3 personas son víctimas de extorsión, y el 12.8% de los socios de COPARMEX ha sido afectado, principalmente a través de llamadas telefónicas.
COPARMEX celebró el anuncio de la presidenta de México sobre la próxima presentación de una iniciativa de ley en materia de extorsión. Desde 2023, el organismo ha impulsado una reforma al artículo 73 constitucional para facultar al Congreso a legislar al respecto. La organización empresarial considera urgente la expedición de una Ley General de Extorsión que unifique criterios, elimine las llamadas “puertas giratorias” y articule acciones federales y estatales.
Entre las propuestas destaca la creación de Unidades Antiextorsión con personal capacitado, marcos legales robustos y capacidad de respuesta inmediata, así como el uso de inteligencia criminal para desmantelar redes delictivas, incluidas aquellas que operan desde centros penitenciarios.
COPARMEX también subraya la importancia de adaptar los protocolos de atención a víctimas a las realidades regionales y de incluir atención especializada para víctimas de extorsión telefónica, con operadores del 089 entrenados en manejo de crisis y opciones digitales de atención.
Finalmente, enfatizó que las micro, pequeñas y medianas empresas —que generan el 65% del empleo formal en el país— deben recibir atención prioritaria, ya que son las más vulnerables ante este delito.
“Sin seguridad no hay libertad, sin justicia no hay inversión, y sin legalidad no hay futuro”, concluyó el organismo.
