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Ilustración con inteligencia artificial / Midjourney.

Polaris alerta sobre prácticas ilícitas en comercio exterior que generan pérdidas millonarias al país

Polaris señala que existen indicadores que permiten detectar operaciones fraudulentas, como movimientos financieros inusuales en empresas de reciente creación, montos declarados inconsistentes con el flujo habitual, ausencia de contratos marco internacionales o carencia de documentos esenciales como cartas porte.
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Con el propósito de reiterar el llamado a las autoridades para la toma urgente de acciones y advertir al sector privado sobre los riesgos que enfrenta, Polaris, especialistas en Inteligencia Comercial de Prácticas Ilícitas de Comercio Exterior, presentó el reporte “Prácticas ilícitas y fraudulentas en el comercio exterior”.

El documento advierte que estas operaciones generan competencia desleal para las empresas formales, distorsionan el funcionamiento de los mercados legales, afectan de manera significativa a las finanzas públicas y ponen en riesgo a la sociedad al introducir productos de baja calidad o peligrosos.

De acuerdo con el análisis, entre 2020 y 2025 las prácticas fraudulentas en México ocasionaron pérdidas estimadas por 65,000 millones de pesos al erario público y operaciones relacionadas con 145,680 millones de pesos en esquemas de lavado de dinero. Los sectores más afectados incluyen textil, calzado, minerales, juguetes, acero, aluminio, papel y electrónicos.

Diez prácticas recurrentes

El informe identifica las diez modalidades más frecuentes en el país: subfacturación, clasificación arancelaria incorrecta, falsificación de documentos, evasión de impuestos, violación de propiedad intelectual, contrabando, triangulación comercial ilegal, falsificación de etiquetas, sobrefacturación en exportaciones y uso indebido de regímenes aduaneros.

Las principales motivaciones que impulsan estas acciones son la reducción de costos fiscales, la evasión de restricciones regulatorias, la obtención de ventajas competitivas internacionales y la participación en esquemas ilícitos más amplios, como el financiamiento al terrorismo o la comercialización de bienes prohibidos.

La triangulación en el acero, práctica más dañina

Entre todos los sectores, el reporte enfatiza la triangulación comercial ilícita en la industria del acero, considerada la práctica “más tóxica” por su impacto. Este esquema involucra a un fabricante, un intermediario y un comprador final. Si bien existe una triangulación legítima que optimiza costos logísticos, la versión fraudulenta busca eludir regulaciones mediante el uso de registros falsos, subvaluación y evasión arancelaria.

En mayo de 2025, la Secretaría de Economía canceló alrededor de 2,000 registros de molinos de acero, en lo que se considera la acción más reciente para contener este fenómeno.

Otro caso relevante es el del sector calzado, donde el informe estima que hasta el 80% de los pares que ingresan bajo regímenes fiscales de maquila no son reexportados, sino que entran de manera ilícita al mercado nacional.

Señales de alerta y recomendaciones

El reporte de Polaris señala que existen indicadores que permiten detectar operaciones fraudulentas, como movimientos financieros inusuales en empresas de reciente creación, montos declarados inconsistentes con el flujo habitual, ausencia de contratos marco internacionales o carencia de documentos esenciales como cartas porte.

Para enfrentar el problema, Polaris recomienda a las autoridades aduaneras mantener comunicación sistemática sobre la evolución de estas prácticas, diseñar estrategias específicas por sector y fortalecer la vigilancia regulatoria. En el caso de las empresas, sugiere implementar programas de Cumplimiento Normativo en Comercio Exterior, apoyarse en herramientas tecnológicas de verificación automatizada y transversalizar la función de cumplimiento en toda la organización.

Polaris destacó que este reporte, de acceso abierto, busca convertirse en una herramienta práctica para proteger a las empresas formales, fortalecer la competitividad del país y resguardar el desarrollo económico nacional frente a prácticas que erosionan los ingresos públicos y vulneran la legalidad en el comercio exterior.