El Departamento del Tesoro de Estados Unidos intensificó su estrategia contra las finanzas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con un nuevo paquete de sanciones y alertas regulatorias dirigido a combatir las redes de contrabando de combustible entre México y Estados Unidos. Las medidas, anunciadas el 30 de junio de 2026 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), también elevan las obligaciones de cumplimiento para empresas e instituciones financieras que operan en sectores considerados de alto riesgo.
Como parte de la acción coordinada, OFAC sancionó a dos ciudadanos mexicanos y nueve empresas presuntamente vinculadas a un esquema de robo y contrabando de combustible operado por el CJNG. De acuerdo con el Departamento del Tesoro, la red utilizaba empresas fachada, documentos aduaneros falsificados y maniobras para clasificar incorrectamente combustibles importados desde Estados Unidos con el objetivo de evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en México, generando decenas de millones de dólares anuales para la organización criminal.
Las personas designadas son Óscar Guillermo Juraidini Silva, identificado por las autoridades estadounidenses como el responsable de diversas operaciones financieras del grupo delictivo, y J. Refugio Ruiz Villagómez. Asimismo, las sanciones alcanzan a nueve entidades ubicadas en Tamaulipas, Nuevo León y Querétaro que operan en los sectores financiero, de transporte e inmobiliario.
En paralelo, FinCEN emitió una alerta complementaria que incorpora nuevas tipologías y señales de riesgo para ayudar a bancos y otras instituciones financieras a detectar operaciones relacionadas con el contrabando de combustible desde Estados Unidos hacia México y la evasión fiscal asociada.
Las autoridades estadounidenses destacaron que esta acción fue desarrollada en coordinación con al menos seis agencias federales y con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México. Se trata, además, de la tercera ofensiva de gran escala emprendida por OFAC contra la infraestructura financiera del CJNG vinculada al mercado ilícito de combustibles en menos de un año.
El endurecimiento de las medidas también implica nuevas responsabilidades para el sector privado. Empresas de las industrias energética, transporte, servicios financieros e inmobiliario deberán revisar de inmediato a sus clientes y socios comerciales frente a la lista de personas y entidades sancionadas por OFAC.
Las instituciones financieras, por su parte, deberán incorporar las nuevas señales de alerta de FinCEN en sus sistemas de monitoreo de operaciones. El organismo recordó que, tras una alerta similar emitida en mayo de 2025, recibió más de 160 Reportes de Actividades Sospechosas relacionados con operaciones por más de 7,000 millones de dólares, principalmente vinculadas al CJNG.
Además, las empresas mexicanas que mantengan vínculos con personas o entidades sancionadas podrían enfrentar la pérdida de certificaciones como IVA, IEPS, IMMEX y Operador Económico Autorizado (OEA), así como restricciones para exportar a Estados Unidos. El Tesoro también advirtió sobre posibles investigaciones penales paralelas y un mayor escrutinio en materia de cumplimiento anticorrupción para compañías que interactúan con autoridades del sector energético mexicano.
