Reuters.- China publicó el viernes unas directrices dirigidas a los gobiernos locales para que reformen su sistema de venta de viviendas, en las que se exige un cambio hacia las casas terminadas con el fin de reducir los riesgos de entrega, en un momento en que Pekín busca estabilizar el sector inmobiliario, afectado por la crisis.

Los gobiernos locales deben impulsar la venta de viviendas ya terminadas para “prevenir de forma radical los riesgos de entrega y proteger los derechos e intereses legítimos de los compradores de vivienda”, informó la agencia estatal de noticias Xinhua, citando las directrices.

Durante décadas, las promotoras inmobiliarias chinas habían utilizado un modelo de preventa, en el que las viviendas se venden antes de que se complete el proyecto, para financiar sus operaciones, caracterizadas por un alto volumen de negocio y un fuerte endeudamiento.

El colapso del mercado en 2021, desencadenado por una campaña gubernamental para reducir la deuda en el sector, dejó a muchos promotores sin liquidez y con sus proyectos paralizados.

El modelo de preventa se convirtió en una fuente de malestar social, ya que los compradores protestaron y amenazaron con dejar de pagar las hipotecas de los proyectos sin terminar.

Algunos de estos proyectos siguen paralizados tras más de cinco años de crisis, ya que los promotores inmobiliarios —entre ellos el que en su día fue el número uno, China Evergrande— incumplieron el pago de sus préstamos en medio de la caída de los precios de la vivienda.

El antiguo sistema, que se basa sobre todo en las preventas y en una rápida rotación, ya no resulta adecuado, según Xinhua, que citó a funcionarios anónimos. Para cambiar ese modelo es necesario reformar el sistema de ventas y reforzar la supervisión de los fondos de preventa, según declararon dichos funcionarios.

Para que los proyectos inmobiliarios puedan optar a la preventa, los edificios individuales deben haber alcanzado su altura máxima, según las directrices, que concedían un margen de maniobra a los proyectos que hubieran obtenido permisos de construcción antes de la entrada en vigor de las medidas.