La Asociación Mexicana de Internet (AIMX) respaldó el objetivo de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, publicada el 4 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación y vigente desde el día siguiente. Sin embargo, advirtió que su implementación podría generar exclusión financiera, fraudes y conflictos legales si las autoridades no atienden las deficiencias de infraestructura, capacitación y protección de datos personales.
La normativa busca reducir la dependencia del efectivo y establece que la Secretaría de Hacienda tendrá 15 días hábiles para definir los sectores en los que los pagos digitales serán la única opción. Para la organización, esa decisión será determinante para establecer si la transición amplía el acceso a los servicios financieros o deja fuera a quienes no cuentan con las condiciones necesarias para utilizarlos.
Iván Díaz González, vicepresidente de Innovación y Tecnologías Emergentes de la AIMX, señaló que la ley parte de un diagnóstico incompleto al asumir que la infraestructura ya existe y que el principal reto es impulsar la adopción. Según datos de la ENIF 2024 citados por la asociación, 85.2% de la población utiliza efectivo frecuentemente para compras de 500 pesos o menos.
La organización considera que la legislación acierta al promover que los gobiernos acepten pagos digitales, facilitar la interoperabilidad mediante códigos QR, reconocer la identidad digital y favorecer la formalización de pequeños negocios. No obstante, identificó cinco vacíos: falta de capacitación para utilizar herramientas financieras de manera segura; ausencia de garantías de reembolso ante operaciones fraudulentas; problemas de conectividad y acceso a dispositivos; protección insuficiente de datos personales, y facultades amplias para que Hacienda determine dónde se restringirá el efectivo.
La AIMX también alertó sobre los costos que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs). Un estudio presentado por CONCANACO SERVYTUR ante la Cámara de Diputados indica que 94% de estos negocios tiene celular y 88% cuenta con internet, pero 46% no acepta tarjetas, principalmente por las comisiones.
Ante este escenario, la asociación presentó ocho propuestas para las disposiciones secundarias: crear programas de capacitación, garantizar reembolsos por fraude, establecer criterios públicos para seleccionar sectores, financiar la conectividad, desarrollar aplicaciones para teléfonos básicos y lenguas indígenas, reforzar la privacidad, fijar estándares de seguridad para comercios y establecer mecanismos de rendición de cuentas.
La organización pidió a Hacienda, Banco de México, CNBV y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones someter a consulta pública las reglas y la primera lista de sectores. También propuso evaluar la ley a partir de indicadores de adopción, exclusión y fraude, y no únicamente por el número de terminales instaladas.
“La adopción no se decreta: se construye. Y la inclusión financiera se logra abriendo cuentas, no cerrando cajas”, concluyó Díaz González.
