El comunicado que difundieron este martes las secretarías de Economía y del Trabajo relativo al supuesto conflicto en la mina San Martín en Sombrerete, Zacatecas, fue contundente al responder que ese litigio se encuentra fuera del ámbito de aplicación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC.

La postura del Gobierno de México es un duro revés a los esfuerzos propagandísticos del líder minero, Napoleón Gómez Urrutia.

Para el gobierno de López Obrador sin duda se trató de una falta de respeto a la soberanía nacional. El que Napoleón Gómez Urrutia optara por esa maniobra tramposa y sin fundamento legal es una acción para impulsar su agenda e incrementar sus presiones encaminadas a obtener una posición política al término de su senaduría el próximo año, cuando acaba el fuero que lo protege de alguna acción de la justicia.

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Le fue a pedir a Estados Unidos, sin razón alguna, que lo defienda del gobierno mexicano, sin duda una mala idea desde la perspectiva nacionalista del presidente López Obrador.

En el comunicado emitido ayer también dice implícitamente que el gobierno federal no va a ceder a las presiones y chantajes del heredero del sindicato minero, ni mucho menos le va a ofrecer a Gómez Urrutia la cobertura que busca para eludir el pago de decenas de millones de dólares que adeuda a los extrabajadores de la antigua mina de Cananea y al que lo han condenado ya varios resolutivos judiciales.

Así que por más que el líder minero haya pagado notas de prensa y propaganda queriendo de mostrar músculo y capacidad de generar conflictos, las cosas no salieron y tendrá que explicar a su base este nuevo tropezón, la cual, dicen, cada día incuba más recelo y descontento frente a lo que interpreta como manipulación y uso amañado de sus derechos. Ayer, no hay duda, fue un mal día para Napito.