Por: Dr. Josué Abid Pérez Pastrana, coordinador de la Maestría en Derecho Fiscal y Administración Tributaria en la Universidad Anáhuac México

Para todos está claro que cuando el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) entró en vigor en julio de 2020, este iba más allá de una actualización del TLCAN. El nuevo modelo incorporó temas de vanguardia como el comercio digital, la propiedad intelectual, las empresas del Estado, el medio ambiente y, muy importante, los estándares laborales; también introdujo un mecanismo inédito de evaluación periódica conocido como “cláusula de revisión”, contenida en el artículo 34.7 de dicho acuerdo. Tal disposición fue concebida originalmente como una herramienta técnica para mantener el acuerdo al día; sin embargo, hoy se ha convertido en el campo de negociación estratégica entre los tres socios norteamericanos.

En el marco del proceso de revisión que se ha venido desarrollando durante 2026 ha quedado atrás el carácter meramente procedimental de la medida antes mencionada. En los hechos se ha convertido en un escenario donde convergen de manera frontal los intereses económicos, industriales y geopolíticos de la región. Por su parte, Estados Unidos ha impuesto una agenda clara para redefinir las reglas del juego en América del Norte, poniendo en el centro de la discusión una política económica unilateral que busca robustecer (únicamente) su industria local y las inversiones que se realizan en ella. Con estas prioridades en el horizonte se transforma sustancialmente la ruta en la que opera el Tratado y se plantean retos importantes.

Con respecto a la renovación, la postura estadounidense ha manifestado claramente que no habrá prórroga del T-MEC de manera anticipada por un nuevo periodo de 16 años, por lo que seguirá conforme al mecanismo de revisiones periódicas contenido en el citado artículo 34.7. Si bien, en términos estrictamente jurídicos, el acuerdo mantiene su vigencia, en la práctica la continuidad y el cumplimiento del Tratado, así como la consolidación de la integración regional, quedan sujetos a una valoración de carácter político con periodicidad anual. Conforme a esta dinámica se anticipa una volatilidad que tendrá un impacto en las decisiones de inversión de mediano y largo plazo.

Cuando el tema es el crecimiento económico, las inversiones son una prioridad, y para ello la certidumbre jurídica es un ingrediente esencial. Como principio inherente a todo tratado comercial, la certidumbre jurídica y la continuidad de las reglas del juego resultan fundamentales para mantener la inversión y generar confianza entre los agentes económicos; por el contrario, si se percibe inestabilidad generada por las revisiones constantes, los capitales prefieren la cautela, afectando de manera directa a sectores como el automotriz, el electrónico y el manufacturero. Así, la confianza en la permanencia de las reglas ya no descansa exclusivamente en el propio Tratado y termina quedando condicionada por el contexto político en el que se lleven a cabo sus revisiones.

Por otra parte, no menos importante es el ajuste de criterios con respecto a las reglas de origen, particularmente en el ramo automotriz. Se determinó un incremento a los niveles de contenido regional para poder estar en condiciones de aprovechar las preferencias arancelarias, además se establecieron porcentajes específicos para el uso de acero y aluminio de la región, así como diversos requisitos relacionados con las prácticas de carácter laboral.

La postura de los Estados Unidos en este ejercicio de revisión de 2026 pone en primer lugar la defensa de su producción nacional, y después (quizás) la de toda la región de América del Norte. Se percibe una actitud cautelosa hacia el uso de insumos provenientes de terceros países, especialmente de China. Por ello, la verdadera estrategia debe orientarse a la construcción de cadenas de suministro estratégicas, capaces de mitigar vulnerabilidades tecnológicas y geopolíticas.

México enfrenta, entonces, una nueva realidad que exige tanto planeación como estrategia, de manera que se mitiguen los riesgos del mercado internacional con el desarrollo interno y la inversión. El nearshoring ya pasó un poco de moda, y es necesario que el gobierno ponga en marcha mecanismos que promuevan el crecimiento de la industria y otras actividades productivas, para que nuestro país siga siendo atractivo. No basta con la cercanía geográfica y vecindad con Estados Unidos; es indispensable fortalecer el acuerdo comercial tanto con ese país como con Canadá, de modo que se consolide como un verdadero bloque comercial integrado. Para lo cual es indispensable la certidumbre jurídica (no solo en México), la modernización de la infraestructura y la claridad en las políticas a seguir.

Los tres países que integran el T-MEC tienen ante sí un importante reto: profundizar la integración económica mediante mayores flujos de inversión y desarrollo productivo dentro del bloque. Lo cual es perfectamente compatible con la búsqueda de más inversiones a nivel local, pero sin perder de vista que, para continuar siendo competitivas, las cadenas productivas deben tener una articulación profunda entre México, Estados Unidos y Canadá.

A lo largo de 30 años los tres países han sido testigos de cómo la integración se ha ido consolidando y se traduce en beneficios regionales. Sin embargo, es fundamental mantener una visión compartida de un futuro adecuadamente estructurado y con la suficiente flexibilidad para adaptarse a los cambios y retos constantes en el comercio internacional. Olvidar estos factores y perder de vista los avances alcanzados sería un error irreparable.

Lo más conveniente sería, probablemente, entender el proceso de revisión de 2026 como una primera gran oportunidad para adaptar el T-MEC ante los desafíos que representa el orden internacional. En este escenario, México tiene un papel protagónico que debe asumir y desempeñar impecablemente.