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Foto: Pixabay.

Vigilancia…¡sin vigilancia!

La operación y fortalecimiento tecnológico de uno de los sistemas de seguridad pública más relevantes del país quedó en manos de Grupo Desarrollador Caseoli, mediante un contrato por 6,975 millones de pesos.
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La operación y fortalecimiento tecnológico de uno de los sistemas de seguridad pública más relevantes del país quedó en manos de Grupo Desarrollador Caseoli, mediante un contrato por 6,975 millones de pesos, cuya estructura, experiencia técnica y eventual ejecución plantean interrogantes que demandan aclaración inmediata.

Y es que el contrato CS/A/155/2025, celebrado el 22 de diciembre de 2025 con la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado de México, tiene una vigencia de 1,407 días naturales y contempla el servicio integral de mantenimiento, operación y fortalecimiento tecnológico del programa estatal de seguridad y monitoreo.

Resulta que el acuerdo fue celebrado con Grupo Desarrollador Caseoli, empresa en cuya estructura aparecen dos actores relevantes del sector de infraestructura: Mota-Engil México, como obligado solidario, y Grupo Prodi, accionista de Caseoli. Sin embargo, la experiencia de Mota-Engil está en sectores como infraestructura carretera, transporte, puertos, logística, energía, gestión de residuos e ingeniería y construcción, sin que se identifiquen proyectos de seguridad pública o tecnología de videovigilancia dentro de dicho portafolio.

Pero no es todo. Las pruebas demuestran la utilización de tecnología de Hikvision en proyectos gubernamentales vinculados con Mota-Engil, y este fabricante chino enfrenta diversas restricciones por parte de autoridades estadounidenses relacionadas con seguridad nacional.

A ello se suma la estructura accionaria de la matriz portuguesa de Mota-Engil. China Communications Construction Company (CCCC), propiedad del estado chino, mantiene una participación superior a 30% en Mota-Engil SGPS. Sin duda ambos elementos resultan cruciales, pero lo más relevante es cuáles son los criterios de seguridad tecnológica, manejo de información e infraestructura crítica que deben exigirse en sistemas públicos de videovigilancia de esta dimensión y relevancia.