La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) exhortó al Gobierno de la Ciudad de México a reconsiderar el “Bando 1”, un plan anunciado recientemente con el objetivo de frenar la gentrificación, controlar el alza de rentas y garantizar el acceso a vivienda en la capital. De acuerdo con el organismo, liderado por Karim Antonio Oviedo Ramírez, los controles de renta han fracasado en distintas ciudades del mundo y podrían generar consecuencias contraproducentes para la ciudad.
“Compartimos la preocupación por garantizar vivienda digna y asequible, pero los datos internacionales y nacionales confirman que congelar precios no resuelve el problema mientras no se construya más vivienda accesible”, advirtió la AMPI en un comunicado.
Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, siete de cada diez capitalinos experimentan estrés financiero vinculado al pago de renta. No obstante, la asociación precisó que únicamente el 12% de los contratos de arrendamiento superan los 25,000 pesos mensuales. El problema estructural, insistió, es el déficit de más de 350,000 viviendas asequibles en la capital, según datos de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).
La AMPI respaldó su postura con experiencias internacionales: en París, la inversión en vivienda cayó 32% entre 2015 y 2023 tras la implementación de controles, según el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE). En San Francisco, el congelamiento de rentas incentivó un aumento de hasta 40% en la conversión de inmuebles a alojamientos tipo Airbnb. En Bogotá, las restricciones redujeron 18% la construcción de vivienda social, de acuerdo con Camacol.
Además, la Comisión Europea reportó que en países como Suecia, Alemania y Francia, el 68% de los casos de congelamiento de rentas derivaron en litigios judiciales.
En lugar de controles estrictos, AMPI propuso cinco medidas concretas para ampliar la oferta y garantizar acceso: crear un banco de suelo subsidiado para proyectos de renta accesible; una Ley de Oferta Acelerada para agilizar permisos; un fideicomiso gubernamental de garantías de renta; impuestos a la vivienda ociosa; y un Observatorio de Rentas en tiempo real.
La asociación concluyó que solo una política integral permitirá resolver el problema de vivienda sin ahuyentar la inversión ni deteriorar el entorno urbano.
