La Secretaría de Economía obtuvo una resolución favorable para el Estado mexicano en el arbitraje internacional promovido por la empresa estadounidense Silver Bull Resources, que reclamaba una indemnización superior a 315 millones de dólares por presuntas afectaciones a un proyecto minero en Coahuila.

El procedimiento fue presentado en junio de 2023 al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo perteneciente al Banco Mundial especializado en la resolución de controversias entre inversionistas extranjeros y Estados.

La disputa tuvo su origen en las concesiones mineras que Silver Bull, a través de su filial Minera Metalín S.A. de C.V., adquirió entre 1996 y 2002 en la zona de Sierra Mojada, Coahuila. La compañía argumentó que, desde septiembre de 2019, una cooperativa minera local, presuntamente respaldada por autoridades de la región, impidió el desarrollo de su proyecto extractivo, situación que consideró contraria a las obligaciones asumidas por México bajo el TLCAN.

Frente a estas acusaciones, el Estado mexicano sostuvo que las autoridades de Coahuila actuaron de manera razonable ante un conflicto social surgido entre la empresa y habitantes de la comunidad. Además, argumentó que las reclamaciones presentadas por Silver Bull estaban prescritas o fuera del ámbito de aplicación del tratado comercial y que la compañía carecía de la capacidad técnica y financiera necesaria para desarrollar el proyecto minero.

El 29 de mayo de 2026, el Tribunal Arbitral emitió una decisión unánime a favor de México. En su resolución, rechazó la acusación de que el Estado mexicano hubiera promovido o facilitado el bloqueo de las actividades de la empresa en Sierra Mojada.

Asimismo, el tribunal concluyó que carecía de competencia para analizar el fondo del caso, por lo que desestimó en su totalidad las reclamaciones presentadas por Silver Bull. Los árbitros también determinaron que los hechos señalados por la compañía ocurrieron fuera del periodo susceptible de revisión bajo las disposiciones del TLCAN.

Como parte del fallo, el tribunal ordenó a Silver Bull reembolsar al Estado mexicano una suma relevante por concepto de gastos y costos derivados del arbitraje.

La resolución representa una victoria importante para México en materia de inversión internacional, al confirmar los límites de las obligaciones contempladas en los tratados internacionales y establecer que los hechos denunciados por la empresa no eran atribuibles al Estado mexicano.

Durante el proceso, México fue representado por funcionarios de la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior, con el respaldo de las firmas legales Tereposky & DeRose LLP y Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP.

El laudo arbitral se encuentra actualmente en revisión para identificar información que deba mantenerse protegida. Una vez concluido ese procedimiento, la resolución será publicada por el CIADI para consulta pública.