Por Dr. Josué Abid Pérez Pastrana, Coordinador de la Maestría en Derecho Fiscal y Administración Tributaria en la Universidad Anáhuac México

Se viven tiempos complicados, en general. Diversas regiones del mundo están experimentando cambios, ajustes de rumbo y políticas que buscan redefinir la postura y el destino de ciertos países. En otras latitudes se preparan para recibir el impacto de algunas medidas impuestas de manera unilateral. Así ha estado sucediendo con los aranceles, los cuales se establecen, lo mismo como “sanciones” que como medidas de protección. En ambos casos, quizás, no sea la forma más adecuada de aplicarlos.

Comenzando por su concepto legal, conforme al artículo 12 de la Ley de Comercio Exterior “los aranceles son las cuotas de las tarifas de los impuestos generales de exportación e importación” (¿así, o más confuso?). En esencia, para efectos prácticos, los aranceles son impuestos, cobros que hace el Estado con motivo de la entrada y salida de mercancías del territorio nacional. Así, a simple vista, no son un dispositivo de defensa, ni un mecanismo de venganza, como en ciertos casos se ha querido utilizar. De acuerdo con su naturaleza, los aranceles tienen como objetivo compensar el desequilibrio, o el daño, que, eventualmente, puede acarrear a la economía nacional la introducción, distribución y venta de mercancías provenientes de otros países, que algunas veces se presenta con inferior calidad a la tienen los productos nacionales, o con precios que se ubican fuera de las referencias del mercado internacional. En síntesis, los aranceles son un medio recaudatorio del Estado y una forma de control y protección de la planta productiva nacional.

No obstante, desde hace varios meses, hemos sido testigos de la forma en que los aranceles se han utilizado (casi de manera unilateral) como una fuerte amenaza, o como una herramienta que se ha usado con un impulso desmesurado, para controlar movimientos alrededor del mundo.

En el caso de México, la Presidencia de la República anunció hace unos días un incremento a ciertos aranceles que se aplican a ciertos países con los que nuestro país mantiene constantes relaciones comerciales, pero con los que no se tiene celebrado algún tratado de libre comercio, tales como China, Corea del Sur o Turquía, entre otros.

No obstante, por un lado, de manera muy abierta, el gobierno ha expresado que con estas modificaciones a los impuestos de comercio exterior se incrementará la recaudación en un 62% aproximadamente. Y por otra parte, en fechas recientes, el Secretario de Economía manifestó que la medida pretende cuidar el empleo y la continuidad de las operaciones de las empresas exportadoras.

En el aire queda la inquietud con respecto a una razón adicional por la cual se establece el incremento a esos aranceles: el descontento del presidente de los Estados Unidos, al considerar que una buena parte de la mercancía proveniente de China termina en el mercado norteamericano, perjudicando también la producción y el empleo estadounidenses.

El Secretario Marcelo Ebrard (Secretaría de Economía, 2025) explicó que el impacto inflacionario derivado del alza de los aranceles será imperceptible, pero es indudable que el efecto adverso lo resentirán necesariamente los consumidores, de todos los niveles, ya que los referidos incrementos aplicarán a sectores como el de automotriz y autopartes, textil y del vestido, calzado y cosméticos entre otros, todo lo cual se traduce en un incremento de los precios que los usuarios finales terminan por pagar.

Con la promesa de que la estrategia se apega a lo dispuesto por el Pan México, es decir, producir más en nuestro país, y además se preservan 350,000 empleos en dichos sectores, a partir del 1 de enero de 2026 comenzarán a cobrarse aranceles con incrementos entre el 7 y el 50%. Como lo he comentado antes, tendremos que esperar un poco para confirmar si estos augurios se cumplen. Ya lo veremos.