Por Josué Abid Pérez Pastrana, Coordinador de la Maestría en Derecho Fiscal y Administración Tributaria en la Universidad Anáhuac México
Con un valor de taquilla que en 2025 se ubicó entre los 33,000 y 34,000 millones de dólares (Gower Street Analytics, 2025), es indudable que, a nivel mundial, la industria cinematográfica representa un elevado volumen de inversión y flujo de recursos. Por ello, para muchos países (Alemania, España, Colombia, Australia, entre otros) resulta fundamental reconocer, incentivar y promover la inversión, producción y distribución de películas y de toda actividad relacionada.
En ese contexto, el pasado 15 de febrero la Presidencia de la República anunció la puesta en marcha de un plan integral de apoyo al cine nacional. En consecuencia, al día siguiente se publicó el “Decreto por el que se otorga un estímulo fiscal a la producción cinematográfica y audiovisual” (Diario Oficial de la Federación, 2026), mediante el cual el Ejecutivo Federal busca articular una política pública de fomento industrial y cultural que trasciende el esquema tradicional de subsidios. El plan se centra en un estímulo fiscal vinculado al impuesto sobre la renta (ISR) para proyectos cinematográficos y audiovisuales realizados en territorio mexicano, con el propósito de incentivar la producción de contenidos, originar un perfil de soberanía cultural y promover el desarrollo creativo, todo ello mediante la consolidación de cadenas de valor locales.
El objetivo de este incentivo está orientado a atraer inversión extranjera directa y fortalecer la infraestructura nacional, condicionado al cumplimiento de criterios estrictos, entre ellos que la proveeduría nacional sea del 70%. Estas medidas se complementan con una propuesta de reforma legislativa, la iniciativa de Ley Federal de Cine y el Audiovisual, así como con el fortalecimiento de instituciones especializadas como el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) y el Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC).
De acuerdo con el Decreto, los principales beneficios y estímulos fiscales son: i) un crédito fiscal por producción de hasta el 30% del costo total del proyecto o proceso realizado en el país, incluyendo desarrollo, preproducción, producción, posproducción y entrega final, con un límite de 40 millones de pesos por proyecto y por beneficiario; ii) dicho crédito podrá transferirse al 100% y a título oneroso a proveedores nacionales directamente vinculados con la producción. En este caso, los gastos indirectos pagados a tales proveedores no podrán superar el 30% del monto total del crédito, mientras que el remanente, sin exceder del 70%, podrá transferirse a otros contribuyentes del ISR ajenos a la cadena de proveeduría, siempre que el crédito no represente más del 15% de la utilidad fiscal del receptor en el ejercicio anterior; y iii) el crédito podrá aplicarse contra el ISR del ejercicio o contra pagos provisionales, y, de existir un remanente, podrá utilizarse en los dos ejercicios siguientes hasta agotarlo.
Por otra parte, los contribuyentes que deseen acceder a estos beneficios, personas físicas, morales o residentes en el extranjero a través de una productora mexicana, deben cumplir con: 1) estar inscritos en el RFC, tener habilitado el buzón tributario y contar con opinión de cumplimiento positiva (32-D); 2) el proyecto debe contar con al menos el 70% de proveeduría nacional; 3) cumplir con los montos mínimos de inversión según el tipo de proyecto: 40 millones de pesos para largometrajes narrativos, animación o series, 20 millones para documentales, o 5 millones para procesos específicos de animación, efectos visuales o posproducción; y 4) obtener una constancia de cumplimiento emitida por un Comité Técnico.
La implementación de esta estrategia representa un importante avance, al transitar de un modelo de subsidio directo hacia un mecanismo de crédito fiscal transferible, que opera como un verdadero incentivo, evidenciando la colaboración entre el Estado y el sector privado. Este instrumento jurídico equilibra la disciplina fiscal con un impulso estratégico a las industrias creativas, promoviendo la inversión y reconociendo el papel de las producciones audiovisuales y cinematográficas en el desarrollo económico nacional.
En síntesis, el incentivo comentado representa un impulso relevante para fortalecer a la industria cinematográfica, pero resulta igualmente significativo asegurar que dichos estímulos se traduzcan en producciones de mayor calidad. Promover mejores películas no solo dignifica el uso de los recursos públicos, sino que también contribuye a consolidar una industria competitiva, culturalmente valiosa y sostenible.
