La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) advirtió sobre el crecimiento del mercado ilegal de cigarros en México, ocho meses después del aumento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a estos productos. De acuerdo con el organismo, actualmente uno de cada cuatro cigarrillos comercializados en el país tendría procedencia ilícita.

El año pasado, ANPEC manifestó su rechazo al incremento fiscal mediante la campaña “No Nos Bajen la Cortina”, al considerar que el aumento de precios no constituye por sí mismo una estrategia efectiva para modificar los hábitos de consumo. La organización sostuvo que, si el objetivo es reducir el consumo de productos como cigarros y bebidas azucaradas, las políticas públicas deben privilegiar la educación, la información y la persuasión.

Según ANPEC, el incremento de la carga fiscal sobre los cigarros legales, que contempla aumentos tanto por cigarro como por cajetilla, además del IVA, amplió la diferencia de precios frente al mercado ilegal. Mientras una cajetilla pirata puede encontrarse desde 15 pesos, una legal supera los 100 pesos.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC, señaló que una brecha de precios tan amplia genera condiciones favorables para el crecimiento del mercado negro y expone a los pequeños comerciantes a nuevos riesgos, entre ellos amenazas y extorsiones para obligarlos a vender mercancía ilegal.

Los decomisos realizados durante el año, de acuerdo con la organización, reflejan la magnitud del fenómeno. En enero, autoridades federales aseguraron cerca de 20 toneladas de tabaco ilegal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, equivalentes a 954,380 cajetillas y con un valor comercial superior a 70.7 millones de pesos. La mercancía provenía de Narita, Japón.

En agosto, en la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, se decomisaron en dos operaciones cerca de 62.5 millones de cigarros apócrifos procedentes de Vietnam.

ANPEC también alertó sobre las consecuencias sanitarias y de seguridad asociadas con esta actividad, debido a que el comercio ilegal opera fuera de las reglas fiscales, comerciales y sanitarias. Además, sostuvo que representa una fuente de financiamiento para el crimen organizado.

El organismo puso como ejemplo un caso ocurrido en Uruapan, Michoacán, el 18 de agosto, donde dos personas fueron detenidas luego de denuncias de comerciantes que señalaron haber sido obligados a comprar y vender cigarros ilícitos. Durante el operativo se aseguraron 14,400 cigarros y una libreta con nombres y direcciones de comerciantes presuntamente víctimas de extorsión.

Ante este escenario, ANPEC lanzó a principios de año la campaña “No Vale la Pena”, con la que busca prevenir que los pequeños comerciantes acepten mercancía de procedencia dudosa y promover la denuncia de amenazas, extorsiones o ventas forzadas mediante el 089.

Nuevo León se convirtió ahora en el foco de estas acciones. En mayo, el gobierno estatal informó sobre el decomiso y destrucción de más de 20 millones de cigarros introducidos ilegalmente al país. En julio, la Subsecretaría de Administración Tributaria reportó el aseguramiento de más de 232 mil cigarros ilegales en cinco semanas.

En coordinación con autoridades estatales, ANPEC anunció una campaña de prevención en Monterrey, su zona metropolitana y otros municipios de Nuevo León. La estrategia contempla distribuir información entre pequeños comerciantes para identificar cigarros ilegales y conocer las consecuencias legales, fiscales y de seguridad de comercializarlos.

Rivera llamó a comerciantes y consumidores a cerrar filas contra el contrabando y evitar incorporarse a esta cadena. “No seas parte del contrabando”, exhortó la organización.