Reuters.- El ampliamente extendido problema de las extorsiones en México no sólo es un flagelo que azota a comerciantes, fabricantes y productores agrícolas, entre otros, sino que está presionando algunos precios, por traspaso de costos, y haciendo cuesta arriba los esfuerzos del banco central por domar a la inflación.

Las víctimas de extorsión registradas en el país aumentaron de 6,895 en 2018, cuando asumió el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, a un récord de 11,039 en 2022, para disminuir ligeramente a 10,946 en 2023, aunque se cree que el número de incidentes está enormemente subregistrado.

Una veintena de comerciantes acosados por “cobro de piso”, prestadores de servicios atemorizados por amenazas criminales y dirigentes industriales dijeron a Reuters que los precios han sufrido incrementos, en algunos casos hasta en un 20% como registran productores de la emblemática tortilla, por el impacto de un “impuesto” silencioso que suele crecer progresivamente.

El subgobernador del banco central mexicano (Banxico) Jonathan Heath dijo que aunque la autoridad monetaria no cuenta con datos duros para evaluar el impacto de la inseguridad, las extorsiones y los cobros de piso sobre la formación de precios, “tenemos amplia información de tipo anecdotario que apunta que no sólo es un factor importante, sino creciente, de tal forma que contribuye al proceso inflacionario que afrentamos”.

En respuesta a cómo está afectando el margen de maniobra para bajar la inflación y recortes a la tasa clave, agregó hace unos días -en una respuesta escrita a Reuters -que ese problema ya no puede caracterizarse como “coyuntural” sino como “estructural” dado que está enraizado en la economía y, sin duda, “dificulta la obtención de nuestras metas”.

“El problema es que si bien afecta la capacidad del Banco para alcanzar nuestro objetivo, no tenemos cómo cuantificarlo ni como ajustar nuestra meta de 3% ante este hecho. Sabemos que contribuye a explicar la persistencia actual de la inflación y creemos que esta más presente en los precios de los servicios (que tiene que ver con la distribución de los bienes), pero estamos muy limitados al querer cuantificar el fenómeno y por ende, modificar objetivos”.

La inflación general se ubicó en un 5.16% interanual en la primera quincena de agosto, desacelerando paulatinamente desde sus máximos en más de dos décadas de un 8.77% de 2022. Sin embargo, aún sigue lejana del objetivo del 3% de Banxico.

Fuera de la dinámica económica

Aunque analistas, funcionarios y expertos dicen que es complejo medir el impacto de los sobrecostos por inseguridad y extorsiones, y no hay un indicador formal que lo evidencie, el traspaso a precios es real, según muchos afectados.

“El fenómeno de las extorsiones ha alcanzado niveles preocupantes con un impacto significativo que no sólo afecta a las empresas directamente extorsionadas, sino que tiene ramificaciones que llegan hasta el bolsillo del consumidor”, afirmó Andrés Abadía, economista de Pantheon Macroeconomics.

La asociación ANPEC, que aglutina a pequeños comerciantes, afirma que el cobro de cuotas se ha centrado principalmente en algunos productos básicos, como el aguacate, el limón, el pollo y la tortilla, fundamental en la dieta de los mexicanos.

“El trabajo de Banco de México es más complicado que el de otros países que no tienen este tipo de problemas porque se están generando efectos que están impactando en la inflación que se salen de la dinámica económica”, opinó Jacobo Rodríguez, especialista financiero de la firma de análisis Roga Capital.

No obstante, algunos economistas creen que las extorsiones si bien pueden distorsionar los precios, su impacto real es muy limitado, por lo que tendría pocas repercusiones en el proceso inflacionario nacional. Otros, dicen que ya pueden estar incorporadas en los precios aunque admiten que si el monto de las “cuotas” aumenta, el precio final también lo hace. Banco de México no respondió a una solicitud de comentarios sobre los efectos de las extorsiones en los precios.

Sin embargo, en un informe de las economías regionales de 2023 refirió que directivos de empresas de todo el país remarcaron que la inseguridad, en particular los delitos contra productores, distribuidores y transportistas, como el robo y la extorsión, se ha reflejado en mayores costos para las empresas, las cuales son trasladados a los precios de productos como el aguacate, el limón, los cereales y otros alimentos primarios. Pero no se detallaron cifras.

“Somos rehenes”

Según el mayor organismo patronal mexicano, Coparmex, uno de cada nueve de sus afiliados reportó haber sufrido algún tipo de extorsión en 2023, mientras que un 65% de los miembros dijo haber elevado su gasto en seguridad, al instalar cámaras de vigilancia, comprar vehículos blindados y contratar guardias. Tampoco detalló estimaciones de los efectos sobre precios.

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, quien asumirá en octubre, ha prometido fortalecer la lucha contra este delito, después de que López Obrador reconociera que se quedó corto para resolver esa tarea “pendiente” de su gestión.

Sólo en los primeros 15 días de agosto, el precio del limón subió un 8% en momentos en que agricultores del occidental estado Michoacán, el principal productor del cítrico en el país, iniciaron un paro semanal de labores para denunciar un aumento en las cuotas criminales, que llegaron a ascender a cuatro pesos (0.20 dólares) por kilo, más de la mitad de su precio de venta.

En el caso de la tortilla, otro producto básico en la mesa de la población, el “cobro de piso” llega a repercutir en sobrecostes de hasta un 20% para los consumidores que llegan a pagar por cada kilo hasta 32 pesos en algunas regiones del país, dijo un líder del sector.

El impacto de la extorsión, que se desliza por los eslabones de la cadena productiva, también es una amenaza para el de por sí débil crecimiento de la economía mexicana, al inhibir el ánimo empresarial para expandir operaciones o incluso orillar a bajar las cortinas de los negocios.

Hay lugares tan complejos por las presiones de la delincuencia que fuentes de seguridad dijeron que efectivos de las fuerzas armadas tienen que hacer presencia en algunas zonas del país para garantizar la seguridad de negocios y comerciantes.

En uno de los casos más visibles, la cadena de tiendas de conveniencia Oxxo, la más grande del país, cerró en julio 191 comercios y siete gasolineras en una ciudad del norteño estado Tamaulipas, por “exigencias” del crimen organizado. Una semana después las reabrieron argumentando que autoridades nacionales y federales garantizaron la presencia de policías y seguridad.

En esos días, Julio Almanza, un reconocido líder empresarial local, fue asesinado a tiros tras exponer el yugo de los extorsionadores en la región.

“Somos rehenes de extorsiones, somos rehenes de bandas delincuenciales, prácticamente se ha convertido en un deporte nacional el ‘cobro de piso’ en Tamaulipas”, denunció.