La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) impuso sanciones superiores a 500 millones de pesos a diversas empresas inmobiliarias, a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y a varias personas físicas por participar en acuerdos considerados ilegales para manipular las condiciones de renta de locales comerciales en centros comerciales del país.
Entre las compañías sancionadas se encuentran Grupo Danhos, GICSA, Liverpool, Acosta Verde, Chedraui, DMI y ARYBA, las cuales, de acuerdo con la autoridad, coordinaron acciones relacionadas con los descuentos aplicados a los arrendatarios durante la contingencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19.
Según la resolución de la Comisión, las empresas involucradas establecieron acuerdos para fijar descuentos máximos en el pago de rentas e incluso para evitar el otorgamiento de reducciones adicionales a los inquilinos de locales comerciales. La práctica fue considerada una conducta anticompetitiva debido a que las decisiones sobre precios y condiciones de arrendamiento deben tomarse de manera independiente por cada participante del mercado.
La autoridad recordó que, aun durante los momentos más complejos de la emergencia sanitaria, la legislación en materia de competencia económica permaneció vigente. Por ello, aunque las empresas tenían libertad para negociar apoyos, descuentos o facilidades con sus locatarios, no podían coordinarse con otros competidores para definir de manera conjunta los términos de esas negociaciones.
La CNA explicó que el problema no radicó en la existencia de descuentos o apoyos a los arrendatarios, sino en la coordinación entre empresas competidoras para determinar previamente los beneficios que ofrecerían. Esta conducta limitó la competencia y redujo la posibilidad de que los inquilinos obtuvieran mejores condiciones a través de negociaciones individuales.
Como resultado de estas prácticas, la Comisión estimó un daño económico cercano a los 404 millones de pesos. El organismo señaló que los efectos de este tipo de acuerdos trascienden al sector inmobiliario, ya que impactan directamente a miles de comercios que dependen de espacios arrendados para operar.
La autoridad destacó que los costos asociados a la renta de locales comerciales influyen en la viabilidad de numerosos negocios y pueden repercutir en el empleo, así como en los precios finales de los bienes y servicios ofrecidos a los consumidores. Por ello, las prácticas anticompetitivas en este mercado terminan afectando el bienestar económico de la población en general.
La Comisión Nacional Antimonopolio reiteró su compromiso de vigilar el cumplimiento de las normas de competencia en todos los sectores de la economía mexicana. Asimismo, precisó que las empresas y personas sancionadas cuentan con la posibilidad de impugnar la resolución mediante los mecanismos de defensa previstos ante los tribunales especializados.
La versión pública de las resoluciones será difundida posteriormente a través del Portal de Resoluciones y Opiniones de la propia Comisión, conforme a la legislación aplicable.
